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 Argentina y el ALCA: Una reflexión, de Argemi y Luchetti  

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Argentina y el Alca: una reflexión

Prof. Daniel Argemi
Prof. Javier Luchetti

Ponencia presentada el 30 de octubre de 2003 durante el Primer encuentro "20 Años de Política Exterior en Democracia" del Centro de Reflexión Política Internacional del Instituto de Relaciones Internacionales de la Universidad Nacional de La Plata.

 

1. Introducción.

La economía latinoamericana estaba tradicionalmente ligada al mercado mundial a través de la exportación de materias primas y productos naturales, ello explica gran parte de su historia a lo largo de la segunda mitad del siglo XIX y de la primera mitad del siglo XX. Solamente con el afán de marcar hitos, la crisis del sistema mundial de intercambios en 1930, sumada a la Segunda Guerra Mundial, conflicto que comenzó en 1939 y se extendió hasta 1945, crearon parte de las condiciones que obligaron a replantear algunas cosas. Durante los años treinta, el sistema multilateral de comercio y de pagos, junto con el patrón oro, sufrieron un derrumbe, y los centros industriales, incluyendo Gran Bretaña, otrora defensora del libre cambio dejaron de lado sus políticas y protegieron sus mercados, estableciendo preferencias de comercio con los países de su zona de influencia, y vigilando sus movimientos de capitales. La caída de los precios de los productos primarios y los alimentos, originó problemas en la balanza comercial de los países latinoamericanos, situación agravada por la casi desaparición total de las inversiones extranjeras, lo que provocó, a su vez, inconvenientes en la balanza de pagos.

En América Latina, la injerencia del Estado, fue una contestación proteccionista, para lograr enfrentar el desplome de la situación económica mundial, contexto que había favorecido a los países latinoamericanos. Con la intención de ayudar, se crea la Comisión Económica para América Latina (CEPAL) en 1948, que empieza su labor con un enfoque renovador, pues analiza las relaciones económicas de los países centro-periféricos, desde la realidad histórica latinoamericana, llegando a la conclusión que los lazos así establecidos generan fuertes desigualdades y perjuicios a esta región. El modelo centro-periferia, ambicionaba explicar la naturaleza de las relaciones entre las economías en distintos estadios de desarrollo, y los retos que se verificaban en su competencia con las economías más avanzadas, tomando en cuenta la relación asimétrica en el ámbito internacional. Se recomienda impulsar la industrialización, para que genere un crecimiento económico “hacia adentro” y un “desarrollo autosustentado”. Es decir, una economía capaz de producir, a través de su propio funcionamiento, los capitales necesarios para asegurar el crecimiento económico, disminuyendo progresivamente la necesidad de inversiones de capital extranjero. Se advierte que el modelo de sustitución de importaciones, como se había dado hasta ese momento, no era aconsejable, pues a mediano plazo desequilibraba la balanza comercial.

A pesar de los intentos de algunos gobiernos, no se producen las grandes transformaciones que provocarían un desarrollo económico y social, que llevara a los países latinoamericanos a los estándares de Europa, Japón o los Estados Unidos. Periódicamente se producían crisis en las balanzas comerciales o de pagos, que aumentaban el endeudamiento externo, vía inversiones condicionadas o préstamos. Las consecuencias eran la inestabilidad política y crisis sociales.

En la década de los ochenta, la crisis de la deuda externa, signó a toda Latinoamérica, puesto que durante las décadas anteriores, especialmente los años '70, grandes de cantidades de dólares -por ejemplo los petrodólares-, se dirigieron hacia esa región, lo que aumentó la actuación latinoamericana y el endeudamiento de esa región dentro del mercado financiero internacional, abarcando tanto bancos norteamericanos como europeos. La década de los años '80 comienza a marcar el despegue de una serie de políticas tendientes a superar el estancamiento económico que se registraba en el ámbito mundial. La profundización de las relaciones bilaterales y multilaterales, por el intercambio del comercio, los servicios, la inversión de capitales y la utilización masiva de los desarrollos tecnológicos, se hace mucho más visible. El papel de las corporaciones transnacionales en este proceso es cada vez más importante. Los espacios de intercambio y relación se van ampliando hasta alcanzar cada vez más regiones del planeta.

Por otro lado, la crisis y caída del mundo comunista deja instalada la idea de que el liberalismo es la ideología dominante, sumado a que el capitalismo es el régimen económico que mejor puede ayudar al funcionamiento del sistema mundial relacionado por un mercado único. La búsqueda de caminos para impulsar la aceptación de esta visión se conoce como globalización. Justamente la globalización es la principal distinción entre el viejo orden mundial bipolar y el nuevo orden, tanto en lo económico, lo social y en lo cultural, aumentando vertiginosamente los flujos financieros, y culturales, poniendo en duda la capacidad de los estados para adaptarse a ella.

Estos procesos se relacionan e interactúan, por eso es necesario definirlos: por mundialización se entiende el proceso de búsqueda de nuevas formas que permitan la acumulación de capital, mediante la producción, el comercio, el desarrollo científico y tecnológico, además de la circulación y utilización de las inversiones. Es decir, la mundialización, "como estrategia para detener la tasa decreciente de ganancia del capital -como consecuencia de décadas de regulación- permitiría a las corporaciones transnacionales enfrentar también la profundización de los costos derivados de la investigación-desarrollo del proceso de cambio del paradigma tecnológico (del "energético", dominante del modelo norteamericano, al "científico-tecnológico" de las vanguardias del capitalismo), surgidos luego de la crisis de los años 1970-1980, que requieren cada vez de mayor inversión en los campos de la robótica, la informática y las comunicaciones, con el fin de mantener la competitividad y retomar una tendencia creciente de rendimiento del capital"[1].

Cuando se habla de globalización de la economía, "se alude principalmente a que el sistema de producción de bienes y servicios opera a escala mundial. Este proceso ha sido posible al ser sustentado por el avance tecnológico y al valerse del espectacular desarrollo de las tecnologías comunicacionales; pero -sobre todo- porque en las últimas décadas, el capital puede circular libremente en todos los países del mundo"[2]. Vista como proceso, la globalización busca instalar un complejo conjunto de ideas que se relacionan para dar una particular y distinta concepción de mundo[3], es decir, "la globalización como proceso económico-financiero de concentración y transnacionalización, pone en evidencia las contradicciones entre la acumulación global -a través de la expansión mundializada del capital transnacional- y la acumulación impulsada por las corporaciones transnacionales a la acumulación estatal y/o privada de carácter nacional"[4].

Para América Latina, este doble proceso desencadenó una serie de propuestas conocidas como el "Consenso de Washington". Originalmente fue planteado por John Williamson en el Centro de Estudios Estratégicos Internacionales, de esa ciudad estadounidense, durante 1989 y normalmente aplicada en muchos países de la región, en el período 1990-2002, pero sobre todo recomendada por los organismos financieros internacionales de asistencia crediticia.

La puesta en práctica de medidas congruentes a la globalización y el intento de integrar las economías latinoamericanas a la mundialización dentro de este marco, provocó, entre otras, las crisis de México (1994-95)[5], Argentina (1995), Brasil (1998-99) y Argentina (2001-02), es decir en los países que habían recibido los mayores flujos de capital, en las fases de auge previas. Graves problemas sociales y de gobernabilidad fueron la consecuencia de lo anterior, sumado al aumento de la marginalidad, el desempleo y la ruptura del tejido social en muchos lugares de la región.

Una de las explicaciones intentadas para justificar el fracaso, está relacionada con la necesidad de reformas internas. Justamente, para revertir los problemas sociales, en los años noventa, América Latina adhiere fervorosamente -por lo menos sus dirigentes- a un conjunto de ideas emanadas de Washington, y que se conocieron posteriormente como el Consenso de Washington, y que abarcaban las orientaciones económicas de los organismos multilaterales y de otros think tank estadounidenses y del gobierno norteamericano. Se decía lo que se tenía que hacer en cuanto a políticas económicas y las tareas prioritarias que se debían realizar, por supuesto bajo la vigilancia del Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial[6]. La globalización implica un cambio en la sociedad y la mundialización, una adaptación de la economía. Según la historia, cada cambio en el modelo de sociedad y de la economía lleva implícito una serie de transformaciones en la estructura del Estado, en sus instituciones, en el carácter de la inserción internacional, en la distribución de la riqueza, etc. Es decir que el Estado, es un producto histórico que cada sociedad construye en cada una de las etapas de su desarrollo, para que las instituciones privadas y públicas funcionen de acuerdo con una estructura de relaciones sociales, tendientes manifestar claramente los valores y comportamientos de sus distintos miembros.

En realidad, la cuestión es mucho más compleja y hay distintas falacias argumentales que buscan suprimir u ocultar ciertos aspectos sobre el tema. Uno de los que está siempre presente es el de la modernización del Estado y las políticas públicas ligadas a ello, como ejemplo se pueden citar dos afirmaciones incompletas[7].

Una afirmación común es la idea que las reformas deben darse fundamentalmente dentro de las instituciones del estado. El resultado concreto ha sido reducir la modernización del Estado solamente al sector público; es decir, a aquella parte del funcionamiento de la economía que depende del gobierno, abarcando cuestiones impositivas, arancelarias, monetarias, cambiarias y sobre el manejo de las empresas públicas, como si ello fuera condición necesaria y suficiente para que una sociedad nacional se beneficiara. Otra idea es creer que la cuestión se resuelve con mejorar el funcionamiento del sector público; o mejorar los poderes legislativos y judiciales, o la panacea de privatizar las empresas públicas y descentralizar ciertos servicios. En resumen, pensar que el Estado debe concentrarse sólo en aquellas cuestiones instrumentales que tienen que ver con la eficacia administrativa, en la eficiencia económica o en la rentabilidad empresaria, independientemente del contexto de valores, de la estructura social y de las demandas de los consumidores[8].

Es indudable, que el doble proceso representa una enorme presión que busca la apertura de las economías de cada país y de la consiguiente desregulación de cada mercado nacional para que se integre a la mundialización. En este teórico mercado mundial, la oferta y la demanda funcionarían asignando los recursos necesarios para que el sistema funcione eficientemente, sobre tres fundamentos. El primero es eliminar las trabas al ingreso y egreso de bienes y servicios, pues eso ayudaría al aumento del intercambio comercial; muchas veces sin tener en cuenta que hay relaciones muy desiguales, pues una de las partes provee materias primas y alimentos, recibiendo manufacturas a cambio. Esto genera enormes asimetrías, que claramente benefician a un sector. El segundo fundamento es liberar las transferencias de tecnología, pero buscando la protección de patentes y derechos, sin tener en cuenta que muchas veces la investigación y el desarrollo tecnológico tienen un solo proveedor, distorsionando claramente el mercado a través de un monopolio. Por último como tercer fundamento, se busca la libre circulación de capitales, sobrantes en algunos países y escasos en otros, que cada vez se destinan menos a la inversión productiva y más a la búsqueda de rentas.

Dentro de este contexto, la negociación multilateral aparece como la mejor posibilidad, porque permite buscar acuerdos y articular espacios regionales, tendientes a establecer las condiciones más beneficiosas, para que el doble proceso sea lo más equitativo posible para todos. Este el mejor ámbito para que cada país negocie los mejores convenios posibles y un ejemplo de ello, que será explicado más adelante, puede ser el Grupo de los 22 (G-22), armado antes de la reunión de la Organización Mundial del Comercio, desarrollada recientemente en Cancún.

 

2. El origen de la iniciativa.

La economía estadounidense estaba en un incipiente estadio de crecimiento y necesitaba incentivos para crecer. Las políticas del presidente Ronald Reagan, tanto en lo interno como en lo externo, buscaban crear las condiciones para que las empresas pudiesen comenzar a acumular capital y así reactivaran la economía doméstica y mundial. El fordismo necesitaba ser reemplazado como sistema de producción, el capital financiero debía poder circular libremente, las relaciones entre las filiales de las empresas transnacionales debían ser lo más fluidas posibles, pues eso era beneficioso para el país. La inversión extranjera directa determinaba la estructura del proceso que podía modificar la economía mundial, y justamente las empresas transnacionales que logran aumentos importantes de productividad, la innovación y la adopción de técnicas de producción, son las que pueden efectuar la relocalización de sus empresas en distintos mercados: "El comercio mundial está dominado predominantemente por las corporaciones transnacionales. El acceso a los mercados está determinado crecientemente por el acceso a los mercados internos de estas mismas corporaciones, sin que para ello medien condicionantes como las fuerzas o los precios de mercado"[9]. 

Nuevos mercados debían ser accesibles, por ello en 1990, y como una iniciativa de las Empresas para las Américas, surge la idea de crear un mercado libre desde Alaska hasta Tierra del Fuego. El entonces presidente estadounidense George Bush (padre), lanza la idea de la Asociación de Libre Comercio para América. Demás está decir que dicha concepción está plenamente ligada al doble proceso antes descripto y responde a necesidades internas estadounidenses, a un tipo de relación política con Latinoamérica y a la consolidación de sistemas democráticos en casi todos los países. El Área de Libre Comercio de las Américas es el nombre del proceso de expansión del Tratado de Libre Comercio de América del Norte, hacia los demás países del continente con la excepción de Cuba, y busca distintos objetivos: "Como objetivo político estratégico, la iniciativa intentó impulsar un panamericanismo económico, como respuesta defensiva a las amenazas competitivas de los otros dos grandes agrupamientos, en especial los de la CEE y su política agrícola. Su objetivo político táctico fue generar un nuevo tipo de expectativas en América Latina y el Caribe, que mejoraran la posición de Estados Unidos sin que tuviera costos adicionales. Entre los objetivos económicos, el estratégico fue dar un nuevo impulso al  proceso de liberalización comercial en que están empeñados la mayoría de los países de la región; en tanto que el objetivo económico táctico es abrir un nuevo espacio de negociación, con vistas a enfrentar las dificultades de la multilateralización, que aún sigue siendo la apuesta más importante de Estados Unidos desde 1945"[10]. 

El ALCA fue difundido por líderes de América del Norte, Central, del Sur y del Caribe, durante la Cumbre de las Américas que tuvo lugar en Miami (Florida), y en donde el entonces presidente Bill Clinton, se propuso llevar adelante la propuesta de su predecesor, George Bush, sobre un acuerdo de libre comercio americano que relacionase las economías del hemisferio y profundizara la integración continental. La Primera Cumbre de las Américas, desarrollada en Miami durante el mes de diciembre de 1994, marca la reaparición de la iniciativa. La declaración de principios de la misma dice: "Por primera vez en la historia, las Américas son una comunidad de sociedades democráticas, unidas con el propósito de lograr mercados abiertos en la integración hemisférica y un desarrollo sustentable. Estamos determinados a consolidar y aumentar los lazos de cooperación y de transformar nuestras aspiraciones en realidades concretas". El presidente Bill Clinton y los distintos funcionarios del gobierno estadounidense, tenían la cuestión de manera permanente en la agenda de negociaciones, porque lo que es bueno para los Estados Unidos es bueno para el resto del mundo. Para lograr sus objetivos, los presidentes firmaron el Pacto para el Desarrollo y la Prosperidad, anunciando la creación de una zona de libre comercio en el continente para el año 2005, que se formalizó en dos textos, la Declaración de Principios y el Plan de Acción[11]. 

Una mayor preocupación por discutir cuestiones como derechos de patentes, protección de derechos económicos sobre desarrollos tecnológicos, discusiones sobre aranceles, impuestos y demás cuestiones relacionadas al intercambio comercial, comenzaron a surgir en los temarios bilaterales y multilaterales. Los grandes lobbys de los sectores empresariales y agrícolas estadounidenses, siguieron presionando para impedir la entrada de productos latinoamericanos que pudiesen representar competencia, sea por el precio o por la calidad. Denuncias de dumping, deficientes condiciones fitosanitarias, etc., fueron las excusas esgrimidas. Después de todo, los países centrales no aplican los mismos criterios dentro de sus propias fronteras y en sus relaciones externas, en cuanto a eliminar subsidios a la producción o a las exportaciones, o en cuanto a eliminar las barreras proteccionistas. 

En 1995, se reunieron los ministros de Comercio de los países interesados y se definió un cronograma de acciones a seguir, por lo que continuaron las conversaciones hasta 1998, cuando se reunieron en la Segunda Cumbre de Chile los 34 países americanos. Se elaboraron acuerdos sobre distintos aspectos, y se entablaron negociaciones sobre el establecimiento de una zona de libre comercio en el 2005, se buscó la promoción de mercados financieros más estables para evitar crisis, la protección del medio ambiente, el impulso de la integración a través de transportes y telecomunicaciones, y el desarrollo de Internet y otras nuevas tecnologías. 

En la Tercera Cumbre de las Américas, llevada a cabo en Quebec en el año 2001, se marca en la declaración: "Nosotros los gobernantes elegidos democráticamente de las Américas, nos reunimos en Quebec en nuestra Tercera Cumbre, para renovar nuestro compromiso para la integración hemisférica, la responsabilidad nacional y colectiva y para mejorar la economía y la seguridad de nuestros pueblos. Adoptamos un Plan de Acción para fortalecer la democracia representativa, promoviendo el buen gobierno y protegiendo los derechos humanos y las libertades fundamentales. Buscamos crear una gran prosperidad y expandir las oportunidades económicas, mientras fomentamos la justicia social y la realización de potencial humano". La intencionalidad de dicho mercado estaría marcada por el tono de los párrafos detallados más arriba, en las dos declaraciones transcriptas de las Cumbres de las Américas. Pero el reclamo de abrir más los mercados internos, se hizo más fuerte. El permitir que empresas estadounidenses puedan competir con las nacionales en la prestación de servicios públicos, en las licitaciones del Estado, era una demanda corriente. La presión diplomática para beneficiarlas perjudicando a las nacionales, también era una práctica común. El importante papel de las empresas transnacionales defendiendo sus intereses en distintos lugares del mundo las ha llevado a que los propios gobiernos de sus lugares de origen discriminaran las prácticas comerciales "desleales", buscando que esos gobiernos precisamente, aplicaran las sanciones que fueran convenientes a sus intereses. 

Al mirar en el producto bruto total de América, se puede calcular lo que aporta cada espacio. El mercado regional de NAFTA es el responsable de 82% del total; por su parte, la producción del MERCOSUR estaría apenas por encima del 10 % y el 8% restante lo aportarían un conjunto de 28 países latinoamericanos. Como puede apreciarse la asimetría es muy grande y cualquier tipo de relación entre las tres partes puede tener un efecto no deseado para las más débiles, si no se es cuidadoso en los términos de los acuerdos a convenir. Con lo cual se pueden poner en consideración dos tipos de apertura a la integración. Una impulsada por Estados Unidos a través del ALCA, y la otra a partir del Mercosur, sumado al Grupo Andino, uniendo a toda América del Sur, beneficiando esta última a la Argentina, puesto que serviría de apoyo para lograr la inserción internacional que la sacara del estancamiento económico, a la par que ayudaría a las economías provinciales, para que éstas también pudieran salir de la crisis económica y social en que se encuentran. 

Este marco general y una serie de datos fácticos, deben ser tenidos muy en cuenta, porque pueden alterar totalmente el sentido de lo manifestado por los presidentes, que firmaron las actas. Un caso que se puede observar es el de México, una economía mediana que sin condiciones previas, ni un tratamiento diferenciado en materia financiera o comercial, se asoció a Estados Unidos y Canadá, dos de las economías más desarrolladas del planeta y unidas en un área de libre comercio desde 1988.

 

3. Un caso para pensar.

Teniendo en cuenta el contexto antes tratado, en el mes de enero de 1994, y unos meses antes de relanzar la idea del ALCA, se produce la firma del Tratado de Libre Comercio de América del Norte, cuyas siglas en español son TLC y en inglés NAFTA, que incluye a Canadá, Estados Unidos y México en un solo mercado regional[12].

Constituye un muy buen caso de cómo podría funcionar el área de libre comercio sin crear las condiciones necesarias para resolver las cuestiones de asimetría, las diferencias culturales y la diferencia en las legislaciones nacionales. Realizando un balance de estos casi diez años de vigencia del NAFTA, se puede visualizar con claridad el avance de las empresas multinacionales sobre los Estados, que van perdiendo su capacidad de control gracias a la desregulación, y una fenomenal transferencia de riqueza, que termina concentrada en pocas manos. El marco de instituciones se disgrega y los gobiernos tienen muy pocos recursos y medios para intervenir.

Al comenzar el proceso, la mayoría de las empresas mexicanas no tenían economías de escala, desarrollos tecnológicos propios, ni reservas de capital. Es decir, no estaban en condiciones de poder competir con las reglas de libre mercado; por eso hubo aproximadamente 28.000 empresas chicas y medianas que quebraron. Muy pocas pudieron penetrar al mercado estadounidense y/o asociarse a capitales de ese origen. En 1994, las inversiones destinadas a este país, eran más de un tercio del total dedicado a Latinoamérica; pero cayeron a menos de un quinto del total para 1998. En general, los capitales extranjeros apuntaron al armado de fábricas de ensamble (bienes manufacturados) en el norte del país, conocidas como maquiladoras, y no buscaron aumentar las cadenas productivas para crear más trabajo.

El campo mexicano, que tradicionalmente tenía una enorme participación en las exportaciones, no tiene incentivo para aumentar su producción, pues los mercados canadienses y norteamericanos le están vedados. La falta de crédito impide financiar ventas y/o modernizar las tareas. También, las crisis cíclicas de precios provocan graves perjuicios a los productores, por la pérdida de rentabilidad. El propio NAFTA impide a México implementar subsidios, pero paralelamente los Estados Unidos incrementó por seis sus precios sostén al agro entre 1994 y 2000.

Todo lo anterior explica la pérdida del valor de los salarios de los mexicanos, el incremento del desempleo y la creciente desigualdad social. Entre los meses de enero y mayo de 2003, se perdieron 369.000 puestos de trabajo, solamente uno de cada tres mexicanos tiene un trabajo estable y con seguridad social. En la región de las maquiladoras reapareció el trabajo infantil, las jornadas de 12 horas de labor y los salarios por debajo del mínimo que garantiza la subsistencia. Los pronósticos son desalentadores para el 2004, pues se estima un crecimiento económico del 0,96 % y una rebaja del precio del petróleo, siendo éste uno de los principales productos de exportación[13].

La calidad de vida desmejora notablemente, si se tiene en cuenta que la población total de México es aproximadamente de poco más de 100.000.000 de personas; las estadísticas oficiales marcan que 75.000.000 están debajo de la línea de pobreza. Es decir, que el propio gobierno acepta que el 53,7 % de los habitantes del país es pobre y de esta última cantidad, el 24,2% es indigente. Una libre circulación de personas en el amplio espacio regional, tampoco es posible. Durante todo este tiempo, no se ha cerrado ningún acuerdo migratorio entre los Estados Unidos y México, por lo tanto los ciudadanos de este último país están impedidos de migrar en busca de trabajo. Esto facilita el mantenimiento de los estándares de vida de los obreros y clase media estadounidenses.

Concluyendo, la situación mexicana no es muy distinta a la de la mayoría de los países de la región, a pesar de su asociación a dos economías poderosas. Muchos políticos, intelectuales y grupos institucionales hablan de renegociar determinados aspectos del NAFTA, pues el país perdió la libertad soberana y debe consultar con otros, antes de tomar alguna decisión.

 

4. Las cuestiones a negociar.

Para el 2005, está previsto que el ALCA comience a funcionar y hay muchas personas que están convencidas de que ello es inevitable. Pero sería bueno reflexionar sobre la necesidad que tiene nuestro país de entrar en él. Es una cuestión que moviliza a muchos sectores de la sociedad, pero no está instalado en la gente común. Hasta se produjo un encuentro de obispos delegados para analizar el tema[14]. Es bueno analizar sobre qué principios habría que negociar la incorporación, teniendo la realidad mexicana siempre presente, para no repetir errores. Uno que seguramente salta a la vista es el apresuramiento con que se hicieron las cosas. 

Un verdadero estudio del impacto que puede causar una relación tan asimétrica, no debería descartar ningún tipo de análisis. La participación de la sociedad civil es altamente deseable. Ninguna información debe ser ocultada y toda la negociación debe ser pública. Los ciudadanos argentinos deberían tener mucha injerencia en las decisiones políticas que adopte el gobierno al respecto. El papel del Poder Legislativo se vuelve sumamente importante para analizar perjuicios y beneficios. La Universidades Nacionales deberían alentar seminarios, simposios y jornadas de estudio para analizar el tema. También debería instalarse el tema en los medios de comunicación social.

Esta iniciativa, que modifica tantas cosas, no puede descansar exclusivamente en aspectos económicos y comerciales, sino que debe tener en cuenta los aspectos sociales, culturales y políticos de cada uno de los países que intervengan. Como ejemplos de la cuestión pueden citarse las siguientes situaciones: es muy peligroso aceptar el derecho exclusivo sobre patentes medicinales y poner en riesgo la posibilidad de curarse que tiene el individuo enfermo, cada remedio debe ser accesible para las personas y lo contrario sería afectar los derechos humanos. La privatización de un servicio público debería tener en cuenta no solamente la rentabilidad empresaria, sino también la calidad de la prestación, un marco regulatorio, en manos de los poderes públicos y una actitud permanente tendiente a mejorarlo. 

Vale la pena volver a recordar que la excesiva desproporción de las capacidades competitivas entre Estados Unidos y Argentina, puede provocar el desequilibrio de intereses sectoriales y poderes institucionales, por lo que podría traer consecuencias muy graves, especialmente con relación a la identidad cultural, los puestos de trabajo y la misma subsistencia de las economías regionales más frágiles. La libertad absoluta de mercado prácticamente no existe en los Estados Unidos, pues hay un amplio marco de leyes y reglamentaciones que encauzan a la oferta y a la demanda. Ante cada punto a negociar, es sumamente necesaria la reciprocidad y el adecuado equilibrio. La baja de aranceles y protecciones debe ser gradual y tener en cuenta los costos internos. Cada inversión debe buscar generar puestos de trabajo. 

Debería ser una asociación e integración que beneficie a todas las partes. Lo negativo sería que se estableciera una relación con tintes de neocolonialismo, con un impacto negativo sobre las comunidades locales. Por eso, no debería tender a propiciar una concentración del poder económico en pocas manos y en pocas empresas competitivas, favoreciendo la formación de monopolios y oligopolios, que terminarían por imponer su hegemonía a los gobiernos, especialmente en los países más débiles del continente americano. Por eso, la posibilidad de incorporar tecnología, adoptar nuevas estructuras organizacionales, generar nuevas formas de producción, crear mercados de capitales propios, o cualquier otra cosa que beneficie a una economía nacional o regional, debería ser alentada y estimulada. 

Un espacio como el ALCA tendría que concebir un conjunto de leyes marco que regulen las distintas actividades, explicando claramente los mecanismos que cada acuerdo implica. Sería buena la existencia de organismos que se encargaran de la supervisión y de la solución de las controversias que se generen. Un mercado totalmente abierto sería seriamente impensable y se transformaría en un "darwinismo económico", donde el más fuerte impondría condiciones[15]. Esto generaría mucha mayor pobreza y marginación social a lo largo y a lo ancho de América. Otra cuestión que merece ser tenida en cuenta, es el respeto a la situación en la que se encontrarían economías muy elementales pero que pertenecen a la identidad cultural de nuestros pueblos, como la de los aborígenes o las comunidades rurales, que en este sistema capitalista de mercado, correrían el riesgo de ser desplazadas o anuladas. Por ello, un conjunto de salvaguardias y garantías deberían ser negociados. 

El total cumplimiento del espíritu de las declaraciones anteriormente mencionadas, implicaría que la primera motivación del mercado regional debería ser la promoción del bien común y de la solidaridad entre los pueblos, y no la búsqueda del mayor provecho de algunos pocos y de los más poderosos en detrimento de los débiles. Para que ello pueda ser real, hay dos temas que no deberían ser considerados mercancías: la educación y la salud. Ambos son  derechos humanos y la garantía de su existencia debe estar marcada por la institucionalidad pública. Cada país debe manejar estos temas, puesto que se plantearían serias dificultades si quedaran comprendidos en el ALCA: "Si se incluyeran los servicios en el ALCA, cosa que parece ser certera, las empresas extranjeras con fines de lucro de los sectores sanidad, educación y otros servicios sociales de todo el continente tendrán el derecho de establecer una presencia comercial en cualquier parte de América del Norte, del centro y del sur. Tendrán derecho a competir por fondos públicos con instituciones públicas como hospitales, escuelas y guarderías. Las normas que rigen a los trabajadores de los sectores salud, educación, puericultura y servicios sociales se verán sujetas a las reglas y los criterios del ALCA a fin de que no constituyan obstáculos para el comercio. Las empresas educativas de todo el continente estarán facultadas para conferir títulos. Los servicios extranjeros de telemedicina serán legales. Ningún país podrá detener la competencia transnacional de profesionales en sanidad y educación de bajo costo"[16]. 

Puede parecer que la implementación del ALCA es irreversible. Sin embargo, también es posible cambiar algunos de sus términos para que los países en vías de desarrollo tengan preferencias competitivas, se respete su soberanía y autodeterminación, y sus recursos naturales estratégicos no sean susceptibles de apropiación privada. En este sentido es importante reconocer y participar en la construcción y fortalecimiento de bloques regionales y subregionales en nuestro continente. Por ello, es mejor negociar desde el MERCOSUR y no bilateralmente, " (...) porque el papel del Mercosur adquiere especial importancia por ser un sistema que asegura la autonomía nacional de sus participantes, en el ámbito de los efectos altamente desnacionalizantes provocados por el proceso de globalización. Por un lado, el Mercosur proporciona a sus miembros un poder de negociación internacional que ninguno de los países que lo integran, inclusive Brasil, podría tener aisladamente. Por otro lado, el Mercosur es el principal factor que preserva los márgenes de autonomía internacional que todavía tienen sus participantes, que en forma aislada, sobre todo en lo que concierne a Paraguay y Uruguay, tenderían a convertirse, en un corto plazo relativamente corto, en segmentos anónimos del mercado internacional, exógenamente dirigidos por las grandes multinacionales y potencias con jurisdicción sobre sus matrices"[17]. 

Los países americanos no pueden realizar conversaciones efectivas y desde posiciones de fuerza con Estados Unidos y Canadá, si antes no reconcilian sus contradicciones y dejan de lado las rivalidades que los separan. Un caso efectivo de cooperación en las negociaciones internacionales es el Grupo de los 22, con la participación de Argentina, Chile y Brasil, sumado a China, India, Malasia, Sudáfrica y Egipto, entre otros, que supieron frenar las "imposiciones" del acuerdo establecido entre la Unión Europea, Estados Unidos y Japón, para impulsar el mantenimiento de los subsidios agrícolas y otras prácticas comerciales desleales, durante la reunión de la Organización Mundial del Comercio desarrollada en Cancún, en el mes de septiembre de 2003. 

Un verdadero proceso de integración de América debe basarse en una política continental que tenga en cuenta los derechos humanos y los principios de la soberanía, la justicia, la solidaridad y el respeto a las identidades culturales de los pueblos: "La integración latinoamericana fortalece la capacidad de nuestros países para responder con eficacia a los desafíos y oportunidades que plantea la globalización. Es imprescindible la ampliación del mercado y la concertación de políticas en áreas claves como el desarrollo industrial y tecnológico"[18]. Las leyes locales de los Estados Unidos siempre tienen preeminencia sobre las leyes y acuerdos internacionales; en Argentina, se acepta que muchos acuerdos tengan rango constitucional; al llegar a un acuerdo bilateral, esta realidad puede ser sumamente perjudicial para el país. También las cuestiones ecológicas y ambientales deben tener cabida en la elaboración de proyectos económicos y en las negociaciones del ALCA. Si realmente el ALCA se hace para el beneficio de los pueblos americanos, teniendo en cuenta la incuestionable supremacía de los Estados Unidos en muchos campos, es necesario proteger la independencia económica y consolidar la capacidad de generar tecnología, lo que se convertirá a la larga en garantía real de su fuerza y competitividad.

 

5. Los beneficios y los perjuicios.

Cuando se mira la distribución de la población en América puede verse que en 1999, el 62,9 % del total vivía en América Latina y, el 37,1% restante residía en Estados Unidos y Canadá. Si ese mismo año se observa el ingreso per cápita, se nota la gran disparidad que existe. Los Estados Unidos registran U$S 30.600; Canadá U$S 19.320 y el promedio de Latinoamérica era de U$S 3.840. Este último presenta una gran dispersión, mientras Argentina muestra U$S 7.600, Nicaragua tiene U$S 430[19]. Las diferencias entre las posibilidades para una mejor calidad de vida son elocuentes.

La economía estadounidense después de varios trimestres recesivos, anunció oficialmente la salida de este prolongado decaimiento en noviembre de 2001. Desde entonces el crecimiento es muy pequeño, cercano al 2,5% anual, el déficit fiscal es extraordinario y del orden de los U$S 400.000 mil millones, hubo una disminución de 1.000.000 de puestos de trabajo, y los índices de pobreza marcaron un crecimiento del 11,7% para 2001, a un 12,1% para el 2002[20].

La Argentina por su parte, está saliendo de una de las crisis más grandes de su historia, y prácticamente lo está haciendo sola. Logró cerrar un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, que permite la refinanciación su deuda externa con los organismos internacionales de crédito y el Club de París. A través de la propuesta presentada en Dubai hace pocos días, comienza el duro camino de la renegociación de la deuda externa con ahorristas, bancos privados, fondos de inversión, etc. La economía nacional tiende a reactivarse a través de la exportación y del consumo interno, pero ello sirve solamente para recuperar niveles perdidos. Casi el 60% de los argentinos está por debajo del límite de pobreza (su ingreso es menor a 702 pesos o 189,73 dólares a $3,70 cada uno). La mitad del total anterior, o sea el 30% de la población del país, está en situación de indigencia (menos de 312 pesos o 84,32 dólares)[21]. La nueva estructura de la sociedad argentina proviene de la reconversión laboral, y la distribución regresiva del ingreso (los ricos son cada vez más ricos y los pobres son cada vez más, y aún más pobres). El trabajador manual de los talleres dejó paso a la aparición de formas de trabajo inestables, de baja calidad, con bajos salarios y sin protección de la legislación laboral.

Ante este cuadro de situación, cualquier mejora en las condiciones económicas es bienvenida, pero debe tenerse en cuenta que el doble proceso de mundialización y de globalización causa profundos cambios en la naturaleza y en las relaciones entre la sociedad, el Estado y el Gobierno. Muchas veces las consecuencias son el desempleo y la precarización laboral; la marginación social, al impedir el acceso a los bienes y servicios del mercado de amplios sectores de la población, además de la fragmentación social, por falta de redes de contención, en un marco de extrema pobreza y con una manifiesta desigualdad de oportunidades.

Algunos sectores han avanzado, mientras que otros como las economías regionales y las pequeñas y medianas empresas han tenido dificultades, lo que  muestra que en la última década se asiste, no solo a una fragmentación social como fue mencionado anteriormente, sino a la formación de una economía dual, con un mercado de trabajo acorde a este tipo de economía, puesto que por un lado se ven sectores de alta productividad que crecen, mientras que por otra parte, se tienen fábricas y talleres con escasa tecnología e insuficiente capital: "El primero genera alrededor de un tercio del PBI y un 20% del empleo total e incluye diversas áreas industriales, servicios públicos privatizados (particularmente en aquellos de rápido cambio tecnológico como las telecomunicaciones), las grandes redes de comercialización, la explotación de la nueva frontera de recursos naturales, las empresas agropecuarias más eficientes y servicios en los cuales ha penetrado la tecnología informática. Estas actividades han incrementado la proporción de sus insumos importados, desorganizando eslabonamientos previos con la producción interna de bienes y servicios (incluso la oferta del sistema nacional de ciencia y tecnología) y, en conjunto (excluyendo la exportación de productos primarios), registran un fuerte déficit en su balance operacional en divisas. (...) Las otras actividades, generan alrededor de dos tercios del PBI y un 80% del empleo. Estas abarcan el universo de pequeñas y medianas empresas, la mayoría de la producción de las economías regionales y buena parte del sector público nacional, provincial y municipal posterior a las privatizaciones. En estas áreas están incorporadas las empresas y los trabajadores informales, con bajos niveles de productividad y salarios. Estas actividades producen casi exclusivamente para el mercado interno y se abastecen esencialmente de bienes y servicios de producción nacional"[22].

La nueva manera de concebir las relaciones económicas sobrevalora el capital y subestima al trabajo, entonces ello repercute en la desintegración social. La búsqueda de la eficiencia en la asignación de recursos y de la baja de costos operativos, provoca que  las empresas se relocalicen, afectando las actividades económicas y productivas de distintas zonas geográficas, permitendo con ello enormes desequilibrios regionales, con marcadas diferencias en los niveles de ingreso, dentro de un mismo país.

Un grave peligro al negociar el ALCA, puede estar en no tener en cuenta la desigualdad en la distribución de  los costos y los beneficios a repartir entre los países desarrollados y los países en desarrollo. El proceso de liberalización del comercio americano sobre bases equivocadas, puede provocar la  ampliación de la brecha entre los dos grupos. El anunciado mercado libre, que deben aceptar los países en desarrollo, no debería ir acompañado por subsidios, dúmping y otras prácticas comerciales, que vuelven letra muerta los anuncios de comercio libre.

Las políticas públicas serán afectadas por este acuerdo y los gobiernos nacionales, de las respectivas provincias o departamentos, sumado a las alcaldías y municipalidades, se verán desbordados por demandas de protección ante la nueva realidad. Las empresas buscarán presionar para profundizar el proceso y los sectores sociales para detener los excesos. Pero, en definitiva, ambos sectores intentarán que sea el Estado el que implemente políticas públicas tendientes a proteger a los grupos productivos y laborales desplazados, con el fin de evitar la delincuencia, la marginalidad social, el desborde del sistema de salud pública, etc.. De todos modos, no se debe caer en la errónea idea de que se debe "gobernar para los mercados", puesto que si no se hace esto, la democracia se tornaría ingobernable. Eso no solamente es incorrecto sino también peligroso, porque no se deben satisfacer los pedidos de los operadores económicos y financieros, sino los de la mayoría del pueblo.

Un grave peligro es que los gobiernos de turno, ante la falta de recursos para implementar las políticas demandadas, y en su afán asistencialista, recurran al masivo endeudamiento, para asistir a los sectores perjudicados, sin generar recursos para  devolver el monto solicitado. Otro peligro, reside en que el gobierno nacional comience a "descentralizar" funciones y delegue en los gobiernos provinciales responsabilidades asumiendo los costos sobre la salud, la educación y la seguridad pública. Como efecto cascada, el gobierno provincial hará lo mismo sobre el municipal. En todos los casos, sin asignar los recursos que garanticen la prestación de dichas funciones. Toda política asistencialista, debe ser necesariamente de corta duración, pues su finalidad es atender situaciones de emergencia y momentáneas. El Estado debe erradicar cualquier bolsón de pobreza con políticas públicas activas, que ayuden a las iniciativas privadas.

Resumiendo, el ALCA dentro del proceso de globalización debe tender a promover la integración nacional e internacional teniendo las siguientes ventajas: la consolidación de los gobiernos democráticos, en un clima de paz y desarrollo social equitativo; el refuerzo del margen de autonomía para poder encarar negociaciones internacionales; el aumento de las ganancias por las economías de escala y la especialización productiva; la obtención de una mayor cantidad de divisas que serviría para resolver conflictos sociales; la llegada de nuevas conductas empresariales y de oportunidades de mercado; la elevación de la eficiencia y la competitividad, aumentando la capacidad de negociación; la posibilidad de atraer corrientes de capitales necesarias para generar nuevas tecnologías en los nuevos sectores dinámicos de la economía; la divulgación de tecnología y la especialización de las empresas, sobre todo de bienes de capital y la intensificación de la complementariedad productiva con otros países a partir del desarrollo de industrias conjuntas en el sector de bienes de capital, creadas por fondos de inversión y la formación de empresas multinacionales.

 

6. Comentarios finales.

Por iniciativa de los Estados Unidos, los países latinoamericanos fueron incitados a firmar un acuerdo por el cual hacia el 2005 se debería crear un Area de Libre Comercio de las Américas, desde Alaska a Tierra del Fuego, que incluiría un comercio libre, sin barreras arancelarias y sin restricciones a los capitales financieros, pero "casualmente" sin involucrar el libre movimiento de mano de obra. Es decir, lo que se propone es una copia del Tratado de Libre Comercio de América del Norte, integrado por México, Canadá y Estados Unidos. El mejor hechizo seductor de esta propuesta estadounidense es poder tener libre ingreso al gigantesco mercado norteamericano, claro que los Estados Unidos pretenden también saturar los mercados latinoamericanos con bienes de consumo y servicios, lo que marca una tremenda inequidad en cuanto a la competencia económica y tecnológica, entre la potencia del norte y los países del hemisferio sur.

El resultado es más que innegable: los norteamericanos podrían quedarse con todos los sectores de mayor desarrollo, mientras que nuestros países solo aportarían las materias primas, y algunos alimentos -no todos, porque los Estados Unidos ya de por sí tienen una importante producción agropecuaria. La pregunta que cualquiera se hace es si el beneficio de algunos consumidores privilegiados de los países latinoamericanos justifica estas ideas neoliberales, puesto que la mayoría de los habitantes de estos países, al incrementarse la desocupación, ya de por sí en niveles alarmantes, no van a poder tener acceso a los productos que van a llegar del norte. Ya se vio que el ejemplo de México no es el más adecuado para decir que la integración los beneficia. En realidad, la tentación de tener productos manufacturados a bajo precio y de buena calidad, no es tal, puesto que los oligopolios y los monopolios, una vez eliminados los competidores, pueden fijar libremente los precios, y lo que era barato, se pueden convertir en bienes caros.

El argumento de que llegarían mayores inversiones tampoco es el más adecuado, puesto que en muchos casos aprovecharon los mercados protegidos, y cuando estos no lo están, las empresas transnacionales buscan aquellos lugares en donde pueden obtener una renta más alta. Todos saben que el capital no tiene patria, y que las empresas transnacionales sondean aquellos lugares donde la mano de obra es más barata, y se pagan menos impuestos. No importa demasiado si se trasladan de un lugar a otro, y dejan cientos de desocupados. Los problemas sociales no son asuntos que les incumban. Es decir, todos los países latinoamericanos estarían esperando la llegada de los capitales transnacionales estadounidenses, lo que nos llevaría a competir entre nosotros, mientras que los capitales habrían de manejar a los gobiernos para obtener de ellos beneficios aún superiores a los que obtienen hoy en día.

Es reconocido por todos que aún los gobiernos de los países más desarrollados no pueden controlar los flujos financieros, así que ¿por qué vamos a pensar que lo podrían hacer los de los países latinoamericanos, en algunos casos con graves antecedentes de corrupción y manejos mafiosos?. Los bienes norteamericanos, superiores en tecnología y precio se venderían en mercados internos a cambio de bienes más baratos, con lo cual la desventaja comercial es evidente. No hace falta evocar el deterioro de los términos de intercambio al que ha hecho mención la Cepal durante décadas. Sin mencionar el deterioro del medio ambiente, puesto que las empresas transnacionales se van a dedicar a explotar libremente cuanto recurso natural exista, sea renovable o no, puesto que lo que importa es la tasa de ganancia, para lo cual contarían con el apoyo del gobierno norteamericano, refutando cualquier argumento que quisieran interponer los países latinoamericanos, que solo tendrían como misión garantizar la explotación libre de sus recursos naturales.

Los cambios originados en la globalización llevan a reflexionar sobre la urgencia que tiene el tratamiento de diversos temas de importancia para nuestro futuro como nación, puesto que la misma se ha filtrado por diversos vericuetos de nuestra vida cotidiana, y esto puede ser perjudicial o no según la importancia, el significado y el uso que se le otorgue a la misma. Se deben buscar soluciones a los problemas y choques de intereses que se planteen, y una salida es la integración latinoamericana, es decir, la conformación de bloques regionales. Este proceso debe ser completado de la forma más rápida y estructurada posible, puesto que la creación del Área de Libre Comercio de las Américas requiere un debate abierto, y el Mercosur es un ámbito desde el cual se pueden obtener beneficios para los países integrantes. El problema se plantea en cuanto a la incorporación paulatina de reglas internacionales que socavan la soberanía estatal, aspecto que debe tenerse en cuenta en cuanto a que plantea conflictos, ya que el estado podría no resolver el tema por ejemplo, de la exclusión de amplios sectores de la sociedad, es decir, los perdedores, como los pequeños productores, las pequeñas y medianas empresas, etc..

Se profundizaría la brecha social entre una mayoría excluida y una minoría que contaría con todos los bienes y servicios a su disposición. La mayoría quedaría apartada, puesto que no son necesarios los marginados del proceso económico, y los pocos que podrían integrarse como trabajadores lo harían con bajos salarios y en condiciones precarias -flexibilización laboral mediante. Con el ALCA, se exterioriza en mayor medida una desigualdad manifiesta entre los países del norte -Estados Unidos, principalmente y Canadá-, en perjuicio de los países del sur. La integración debería tener un rostro más humano, puesto que el desarrollo humano y económico debe alcanzar a todas las personas de las sociedades involucradas y no a una minoría. Pero esta propuesta de los sectores neoliberales debe enmarcarse en una concepción que asigna al mercado la distribución de los recursos, otorgando un papel clave al libre comercio de bienes y servicios, y otorgando un papel secundario a la acción estatal, lo que deja de lado la discusión sobre un modelo de desarrollo equitativo y no excluyente.

El sistema económico debe buscar una integración de todos los sectores productivos, para generar efectos multiplicadores entre ellos, dejando que surjan algunos que se desarrollen más que otros. La protección de un marco legal es fundamental, pero que sirva para ayudar a su desarrollo y no para mantener un círculo vicioso de incapacidad productiva. Las grandes empresas y los sectores financieros tienen que tener libertad para "hacer negocios", en un marco legal (evitando los monopolios y los oligopolios), y a partir de valores cotidianos que promuevan el riesgo empresarial, la responsabilidad social y la calidad de vida. De no ser así, la economía no sirve a los fines sociales que los seres humanos le asignaron. Aún más grave, es el hecho de que en el caso del ALCA, se puede caer en el riesgo de que la tradición cultural y la educación, sufran una "homogeneización" gracias a que el libre comercio y el libre tráfico cultural nos llevaría a pensar y actuar como el país más fuerte, es decir, se perdería la identidad latinoamericana.

Para concluir, podemos decir que el proyecto del ALCA no es lo más beneficioso para los países latinoamericanos, puesto que los perjuicios son mucho más grandes, que las ventajas que podríamos obtener, como lo menciona Jaguaribe (2001): "Para países como la Argentina y Brasil, el ALCA representaría un catastrófico retroceso a la condición que esos países ostentaban hasta 1930, de productores de materias primas y artículos agropecuarios no elaborados e importadores de bienes y servicios con mayor tenor tecnológico. Tal retroceso no sería compatible con la sustentación de las actuales poblaciones de ambos países. La terrible crisis social que resultaría sería incompatible con la preservación de sus regímenes democráticos. En realidad, en un plazo relativamente corto, sería incompatible con la permanencia de ambos países en el sistema ALCA. Sin embargo, al sentirse compelidos a salir del ALCA, arrastrarían las catastróficas consecuencias de haber destruido su parque industrial, desnacionalizando su economía, lanzado al desempleo gigantescos contingentes de su población y haber sido sometidos a la más terrible crisis social de su historia, de la que difícilmente resurgirían sin gran derramamiento de sangre"[23].

 

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[1]Bernal-Meza, Raúl; Sistema mundial y Mercosur. Globalización, regionalismo y políticas exteriores comparadas. Buenos Aires, Grupo Editor Latinoamericano, 2000, p. 48.

[2]Ander-Egg, Ezequiel; Reflexiones en torno al proceso de mundialización/globalización. Buenos Aires, Lumen-Hvmanitas, 1998, p. 35.

[3]Es interesante ver cuestiones teóricas sobre este proceso en, Impacto del proceso de globalización sobre las políticas públicas latinoamericanas, presentado por Raúl Bernal-Meza. Tandil, Seminario Internacional Work-Shop Desarrollo Local, Universidad del Centro de la Provincia de Buenos Aires, 2 al 6 de septiembre de 2002.

[4]Bernal-Meza, Raúl, Sistema mundial y Mercosur. Globalización, regionalismo y políticas exteriores comparadas, op. cit., p. 48.

[5]La situación se produjo por una serie de hechos que afectaron a la economía y la política mexicana: la sublevación de los zapatistas de Chiapas, el asesinato del candidato a presidente por parte del Partido Revolucionario Institucional, la crisis financiera, la devaluación del peso, el aumento del desempleo, la crisis social y la caída del nivel de vida.

[6]Una década después de estas recomendaciones, tales como privatizaciones, apertura comercial, desregulaciones, flexibilización laboral, pagos externos, aumento de tarifas, reducción del gasto público, ajustes en educación y salud, etc., no solo aumentó la deuda externa de los países latinoamericanos, sino que también se incrementaron los niveles de pobreza, lo que abrió en el nuevo siglo a un mayor aumento del número de críticas hacia tales medidas "salvadoras", que "endiosaron" al mercado, pero que se olvidaron de las personas.

[7]Un interesante planteo de la cuestión puede encontrase en, Tomassini, Luciano; La Reforma del Estado y las Políticas Públicas. Santiago de Chile, Universidad de Chile, Centro de Análisis de Políticas Públicas, 1994; pp. 51-56.

[8]Una reflexión sobre muchas de estas cuestiones puede encontrase en la próxima publicación de Argemi, Daniel; Recrear la Nación y Refundar el Estado. Ganador del Concurso Legislador José Hernández 2002, "Identidad y Proyecto Nacional" Hacia una nueva institucionalidad pública. Organizado por la Comisión de Cultura del Honorable Senado de la Nación.

[9]Bernal-Meza, Raúl, Sistema mundial y Mercosur. Globalización, regionalismo y políticas exteriores comparadas, op. cit., p. 65.

[10]Bernal-Meza, Raúl; América Latina en la economía política mundial. Buenos Aires, Grupo Editor Latinoamericano, 1994, p. 68.

[11]Una declaración de los ministros reunidos al mismo tiempo que los presidentes indicaba una serie de objetivos clave: integración económica del continente; fomento de la integración de los mercados de capital; coherencia en relación con la Organización Mundial de Comercio; eliminación de barreras comerciales arancelarias y no arancelarias; eliminación de subsidios para exportaciones agrícolas; eliminación de barreras para las inversiones extranjeras; marco jurídico para proteger a inversionistas y sus inversiones; medidas para mejorar las compras del sector público, y nuevas negociaciones para la inclusión de servicios.

[12]Algunos de los temas tratados son los siguientes: "A) calendarización de levantamiento de obstáculos cuantitativos hasta la plena libertad de circulación de autocares y camiones. B) libre tránsito de los hombres y mujeres de negocios por los tres países, pero sin plantearse en ningún momento la supresión de trabas al movimiento de trabajadores. C) armonización del espinoso tema del reconocimiento mutuo de los títulos profesionales. D) derecho de establecer cualquier clase de instituciones financieras según la modalidad jurídica elegida por los inversionistas; con un mecanismo de solución de controversias en la materia. E) reserva por parte de México -por así estar previsto constitucionalmente- de las actividades relativas a la prospección, refino, comercio exterior, transporte y distribución de hidrocarburos, productos químicos de base, y minerales radiactivos; al igual que todo lo referente a electricidad". Tamames, Ramón y, Huerta, Begoña; Estructura económica internacional. Madrid, Alianza Editorial, 1999, pp. 287-288.

[13]Todos los datos utilizados están extraídos del Economic Police Institute, de Washington y de un informe de la firma Consultores Internacionales, publicado en el diario Clarín, del 22 de junio de 2003, página 23.

[14]Entre los días 2 y 4 de septiembre de 2003, se desarrolló en Montevideo, el IV Encuentro de Obispos del Mercosur, que produjo el documento "El Alca y el futuro de nuestros pueblos". Participaron delegados de Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Paraguay y Uruguay.

[15]Al utilizar este término se piensa en una analogía con el "darwinismo social" que estaba detrás de las teorías de Herbert Spencer (1810-1903) para justificar la expansión colonialista británica de fines del siglo XIX.

[16]Marlow, Maude: El Área de Libre Comercio de las Américas y la amenaza para los programas sociales, la sostenibilidad del medio ambiente y la justicia social en las Américas, en, Sanchís, Norma (ed.); El ALCA en debate. Una perspectiva desde las mujeres. Buenos Aires, Editorial Biblos, 1991, p. 94.

[17]Jaguaribe, Helio: Argentina y Brasil ante sus alternativas históricas, en, Ferrer, Aldo y, Jaguaribe, Helio; Argentina y Brasil en la globalización ¿Mercosur o Alca?. Buenos Aires, Fondo de Cultura Económica, 2001, p. 78.

[18]Ferrer, Aldo; Vivir con lo nuestro. Nosotros y la globalización. Buenos Aires, Fondo de Cultura Económica, 2002, p. 81.

[19]Datos oficiales del Banco Interamericano de Desarrollo para ese año.

[20]Informaciones tomadas del Buró de Censo de Estados Unidos y del Economic Police Institute, Washington.

[21]El INDEC publicó estos datos en agosto de 2002, aunque hay una leve disminución, los nuevos datos absolutos no cambian mucho el análisis. La conversión peso/dólar es a valor de ese momento.

[22]Ferrer, Aldo, La globalización, Argentina y Brasil, en, Ferrer, Aldo y, Jaguaribe, Helio, Argentina y Brasil en la globalización ¿Mercosur o Alca?, op. cit., pp. 23-24.

[23]Jaguaribe, Helio, Argentina y Brasil ante sus alternativas históricas, en, Ferrer, Aldo y, Jaguaribe, Helio, Argentina y Brasil en la globalización ¿Mercosur o Alca?, op. cit., pp. 96-98.