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 Constitución o Autocracia, de Roberto F. Bertossi  

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CONSTITUCIÓN O AUTOCRACIA

p. Roberto F. Bertossi[1][2]

 bertossirf@yahoo.com.ar

La Constitución Nacional:

La teleología y la hermenéutica de nuestra Constitución Nacional (CN.)  inscriben y justifican a ésta como `norma normarum´ en la que cada uno de nosotros pone en común su persona y todo su poder bajo la suprema dirección de la voluntad general, recibiendo a cada miembro como parte indivisible del todo.

Con nuestra Constitución supimos encontrar una forma de asociación que defienda y proteja de toda fuerza común o autocracia a la persona y a los bienes de cada argentino, y gracias a la cual, cada uno, en unión con todos los demás, solamente se obedezca a sí mismo y quede tan libre como antes.

En cuanto a nosotros, cada uno, cada cual, tomamos comunitaria y complementariamente el nombre de pueblo, y nos llamamos más en concreto: `ciudadanos´,  en tanto somos partícipes de la autoridad soberana, y súbditos, en cuanto estamos sometidos a las leyes constitucionales del Estado.

Autocracia:

Cuando hablamos de autocracia en cambio, estamos hablando de una administración en la cual y en los hechos,  la voluntad de un solo hombre es la suprema ley.

En Roma con los albores de la república, como institución, aún cuando la misma no había corporizado una base bastante sólida como para sostenerse mediante la fuerza de su  embrionaria constitución no se temía entonces que quien ostentase `democráticamente´ la calidad de primer gobernante deviniera en dictador abusando de su función y mucho menos que intentase  conservarla pasado el plazo de la encomienda.

Parecía entonces, por el contrario, que  era una verdadera y pesada carga para aquél que lo ostentaba, a juzgar por la prisa con que trataba de deshacerse de esa responsabilidad pública, algo así como si sustituir a las leyes fuese –lo es-  un puesto demasiado penoso y demasiado peligroso.

De manera que no es sólo el peligro del abuso, sino del envilecimiento, el que obliga a censurar el uso indiscreto de esta primera magistratura en cualquier tiempo o lugar de la república.

¿Sofismas constitucionales?:

Nuestra Constitución Nacional manda un gobierno federal, democrático y coparticipado razón por la cual, ningún otro puede ser ejercido sin ser atrapado por la inconstitucionalidad.

No obstante, hay recurrentes y graves anomalías inconstitucionales Vg., después de doce años, continúa pendiente la Ley de Coparticipación Federal, (Art. 75 inc. 2 CN.), lo que supone en los hechos verificadas y sofisticadas intervenciones fictas al normal funcionamiento institucional de muchas provincias y municipios.

Asimismo, conforme reza el 99 inc. 3 y cc.  CN.  el Poder Ejecutivo no podrá en ningún caso bajo pena de nulidad absoluta e insanable, emitir disposiciones de carácter legislativo.

Entonces, cómo admitir la proliferación sin antecedentes de los subsidios selectivos y esos denominados decretos de necesidad y urgencia (DNU),  sin necesidad, urgencia, acotación temporal, excepcionalidad ni justificación racional.

Por su parte, según los artículos 71, 75 inciso 9 (Subsidios del Tesoro Nacional, ATN) y 30; 76, 99 inc. 3, 100, 101, 103 y concordantes, nuestra Carta Magna prohíbe expresamente la delegación legislativa en el poder ejecutivo, salvo en materias determinadas de administración o de emergencia publica, con plazo fijo para su ejercicio y dentro de las bases de la delegación que el Congreso establezca.

En esa perspectiva, ¿qué más decir sobre los Superpoderes y cuantiosos fondos fiduciarios  fuera de toda perspectiva y control constitucional?

Preconclusivamente, si añadimos a lo ya señalado una violación sistemática y recurrente al espíritu y a la letra del articulo. 38 CN.  que reconoce a los partidos políticos como instituciones fundamentales del sistema democrático, corresponde aplicar la esencia imperativa de los artículos 29, 36 y cc. CN. ( sujetan a quienes formulen, consientan o firmen actos inconstitucionales y antidemocráticos la responsabilidad y pena de los infames traidores a la Patria, inhabilitándoles a perpetuidad para ocupar cargos públicos y excluidos de los beneficios del indulto y la conmutación de penas –en una clara condena a la subversión institucional-),  situando así prístina y contundentemente  a estos `violadores calificados´  en conciencia y sin remedio,  ante la última opción socrática.

Porque, cómo callar nuestra Constitución Nacional, cuando su  articulo 28 establece que: “los principios, garantías y derechos reconocidos en sus artículos no podrán ser alterados por las leyes que reglamenten su ejercicio”; ¿cómo `admitir´ que  ha sido pasado a degüello mediante una singular `guillotina autóctona´?

¿Acaso en un Estado de Derecho, ante la hipótesis del fracaso de la transversalidad puede abrirse camino cívico  una `rara avis´ de travestismo hasta su institucionalización, tal vez por reprochables vías de hechos, de nuevos e inconvenientes usos y costumbres políticos vernáculos concertables hasta una probable reforma de la reforma constitucional que pudiere encontrar,  de alguna manera,  una metodología para legalizar y legitimar tanta hipocresía, tanto abuso de la mayoría, tanto malestar de las minorías;  asociaciones y enriquecimientos  ilícitos calificados, `mala praxis´ política; aspectos y prácticas  que están grave y definitivamente censurados –ética,  jurídica y políticamente-  por todo el plexo constitucional vigente?

Medios para prevenir usurpaciones Magnas:

Conforme Rousseau, `la voluntad particular actúa sin cesar en contra de la voluntad general, así el gobierno lleva a cabo un trabajo continuo contra la soberanía. Cuanto más aumenta este esfuerzo, más se altera la Constitución, y como no hay aquí otra voluntad de cuerpo que, resistiendo a la del autocrático, se equilibre con ella, debe suceder, antes o después, que el autócrata oprima al soberano y rompa el contrato social trasuntado en nuestra Constitución usurpando el poder soberano´.

Por eso mismo en un sólido Estado de Derecho, la cuestión no es si se aprueba o no un proyecto de  ley ¡…la médula `angular es si el proyecto, la iniciativa legislativa se ajusta o no a nuestra Constitución Nacional!

Por tanto, tanto, y como propondremos seguidamente, en estos casos -de tamaña delicadeza atento su índole y gravitación- es preciso actuar con moderación, prudencia y firmeza adoptando todos los medios legales, legítimos, justos y pacíficos para prevenir y corregir el más mínimo `arrebato´ a nuestra Constitución sobre la premisa que el acto que instituye el gobierno no es un contrato sino una ley; que los depositarios del poder ejecutivo no son los amos del pueblo, sino sus servidores, pudiendo éste nombrarlos o destituirlos y no teniendo ellos que contratar, sino sólo obedecer puesto que, al encargárseles de las funciones que el Estado les impone, no hacen sino cumplir con sus deberes de ciudadanos, sin tener en modo alguno el derecho de discutir sobre las condiciones.

Conclusiones y propuestas:

Ante una evidente escalada autocrática en flagrante violación de la división de poderes cuya esencia consiste en el reparto de órganos y funciones dentro de la tríada que integra inescindiblemente  un solo cuerpo jurídico-político e institucional supremo: “poder legislativo” – “poder ejecutivo” – “poder judicial”, corresponde  cívica, política y ciudadanamente adoptar con premura los medios más necesarios y apropiados para corregir contundentemente toda usurpación constitucional.

Algunas propuestas:

I) Disponer lo necesario para: 1º) Sujetar en cada caso a los tres poderes republicanos -especialmente al poder ejecutivo-  a la plena y transparente vigencia de nuestra Constitución Nacional no permitiendo que diga lo que no dice ni que permita lo que expresamente prohíbe; 2º) Subordinar  a todos los funcionarios de los tres poderes a las leyes de Ética Publica, 25.188 y de adhesión a la Convención Internacional contra la corrupción en el Sector Público, la ley 26.097.

II) Lograr  la abrogación de las leyes y decretos cuestionados por efecto de una sentencia suprema declarativa de su inconstitucionalidad;

III) Defender y proteger  a los medios de comunicación que inicialmente, con coraje cívico y responsabilidad social periodística vienen denunciando –ejerciendo plenamente la libertad de prensa sin temor a condicionamientos ni a discriminaciones-  tantas graves  anomalías, medios que se han propuesto inclaudicablemente y con libertad de criterio defender el orden constitucional, la identidad nacional y a todos los todos del todo social.

Para concluir, apunto como aspecto fundamental y clave para el bienestar de la república que este no radica principalmente en los éxitos económicos alcanzables o alcanzados, ni en el reclutamiento sin reparos de adhesiones políticas ajenas ni en grandilocuencias y bochornos  subcontinentales sino,  en la firme determinación de voluntad de cada  ciudadano argentino de asumir sacrificios compartidos, de aprender a esperar y a diferir demandas para hacer avanzar un genuino, integral e inclusivo progreso argentino  sin abandonar jamás sus objetivos últimos que son los más importantes como nuestro preámbulo constitucional.

Absoluta y definitivamente, nuestra Carta Magna es mucho pero mucho más que el  pretendido `sofisma´ actual y he ahí nuestra carga pública en un mayúsculo desafío civico:  tenemos que demandar por ello y por ella conforme se nos solicitara  expresa y solemnemente al momento de tomar posesión de los cargos y prestar juramentos esos mismos funcionarios que vienen incurriendo consuetudinaria mente en toda clase de abusos de derecho, de poder, de autoridad;  por acción, omisión y  mora institucional.

En esto de ser, de ser dignos de ser,  corresponde la más urgente intervención de nuestra Auditoria General de la Nación, de nuestro Defensor del Pueblo y,  por cierto, la intervención  última e inapelable de la Corte Suprema sin excusas ni recusas porque,  resultan del todo improcedentes e impertinentes recibir –sin pausas- gestos, actitudes y hechos autoritarios agobiantes que sólo maculan `nuestro poncho constitucional`.

Ciertamente entonces, desde  la ancestral doctrina de la supremacía constitucional se nos reclama concretamente reestablecer la plenitud de su rendimiento aplicativo.

¡Al fin y al cabo, se trata de salvar nuestra República, ni más ni menos!


[1] Premios Adepa-Faca, 1990 y Gota en el Mar, 2005`

[2] Profesor universitario.