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 Críticas Generales, El Caso Eugenio César Pellegrini  

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Prof. FEDERICO MARTÍN MAGLIO

Presente

De nuestra consideración:

Mediante la presente elevamos a su conocimiento la cuestión que nos aqueja en procura de sus buenos oficios para encontrar una pronta solución a la misma, ya que además del daño económico, moral y psíquico que ello implica para mi hijo EUGENIO CESAR PELLEGRINI, DNI Nº 26.761.253 y para todos los que integramos su familia, lamentablemente se enraíza en un claro e injusto acto de discriminación, que para peor tiene lugar dentro del área educativa dependiente del Consejo Escolar de San Nicolás contra todos los trabajadores discapacitados. Por lo tanto y apuntado a tal objetivo, adjuntamos a continuación un racconto de lo acontecido, conociendo su destacada sensibilidad hacia estos temas. Desde ya muchas gracias por su diligencia y descontada colaboración.

Subsidiariamente y en pos del mismo fin le solicitamos se sirva publicar en su prestigioso portal de INTERNET FFM EDUCACIÓN y/o en cualquier otro el presente mensaje y el racconto adjunto al mismo en procura de su mayor difusión.-

Desde ya muchas gracias.

Prof. Maria Teresa Ciavattini
DNI Nº 4.991.997
Mailto: jimmieciavattini@hotmail.com

Dr. ROBERTO L. PELLEGRINI
DNI Nº 6.143.875
Est. Jur.: Rivadavia 132 - SAN NICOLÁS
(03461) 429353 Cel.: 15510866
Mailto: apaprl@hotmail.com

-Padres de Eugenio C. Pellegrini-

 

RACCONTO DE LO ACONTECIDO EN EL CASO DEL AGENTE AUXILIAR (PORTERO) EUGENIO CESAR PELLEGRINI EN LA EET Nº 2 Y EN EL CONSEJO ESCOLAR DE SAN NICOLÁS

EUGENIO CESAR PELLEGRINI, DNI Nº 26.761.253, con domicilio real en calle Francia Nº 538, Piso 1, Dpto. 11 y legal constituido en calle Rivadavia Nº 132, P.A. de San Nicolás ha tenido el siguiente raid de vicisitudes en procura de la reinstalación en su puesto de trabajo del que fue ilegítimamente desplazado o bien en procura de poder cubrir nuevas vacantes para lo cual por su puntaje se encuentra plenamente habilitado, más si se da cumplimiento a lo normado por el art. 8 de la ley 10.592:

I. Habiéndose el mismo desempeñado desde el 07/09/2005 como “AUXILIAR (PORTERO) Suplente” en la EET Nº 2 de esta ciudad, el pasado 03/05/2006 se le notificó a través del “Cuaderno de Actuación”, bajo firma de la secretaria de dicho establecimiento STELLA MARIS LUCCHESI, bajo responsabilidad del Sr. Director Prof. JUAN DANIEL LITA, que se le daba el “cese” en dicho puesto, por reintegro del titular a quien se le había otorgado una “Tarea Liviana” (supuestamente con fecha 28/04/2006, día en que el titular Pedro Ayala viajó a la Junta Médica de Baradero) y el cual a la vez tomaría sus vacaciones anuales, por no haberlo hecho antes en el receso escolar dispuesto al efecto. Y que en consecuencia no le correspondía continuar a Eugenio cubriéndolo en su reemplazo como lo venía efectuando hasta entonces, ya que ante “el cambio de artículo del titular reemplazado” (Sic) (quien estaba faltando con licencia por enfermedad) debía llamarse a un nuevo suplente y no podía continuar el que ya lo venía reemplazando. Lo cual no es así, conforme lo explicado y vertido por otros agentes del área educativa. Sobre lo cual además acompañé al Consejo ejemplos puntuales de casos similares en los que continuó cubriendo la suplencia la misma persona que lo venía efectuando, sin designarse nuevo reemplazante. Cabe destacar que dichos ejemplos los aporté yo como padre del interesado por requerimiento del propio Consejo el cual nos los exigió a manera de lo que en derecho se conoce como “prueba diabólica”, vale decir que puso en nuestra propios hombros la carga de aportar la prueba de la razón del derecho que pretendíamos se nos respetase, pero ello igualmente fue en vano. Y así a la fecha tampoco se nos ha suministrado la norma por la que se tomó tal determinación pese a haberla requerido por escrito.-

II. Así fue que el mismo día 03/05/2006 Eugenio junto a mi esposa se dirigió al Consejo Escolar de San Nicolás para corroborar la certeza y legitimidad de tal medida y allí la Presidente del organismo Prof. MIRTA VAZQUEZ corroboró dicho acto y le hizo saber que no le correspondía continuar en el citado reemplazo.- Más aún, que fundamentalmente en su calidad de “discapacitado” y estar incluido en el denominado Listado “D”, ya no tenía más la opción de aspirar a cubrir reemplazos por largos términos de tiempo, y en cierto modo tampoco otros, dado que expresó, que la ART dispuesta para la docencia y porteros de la Pcia. de Bs. As. no daba más cobertura a quienes revestían tal calidad, si previamente no se les había otorgado el “Certificado de Aptitud Psico-física”.- Criterio éste que para sorpresa de todos avalaron los representantes gremiales de ATE y UPCN.- Lo cual además de ser una inexactitud infundada, resulta ser un verdadero dislate jurídico y un claro acto discriminatorio y violatorio de la normativa vigente sin fundamento fáctico-jurídico alguno. Razón por la que presenté a dicho Consejo Escolar con fecha 04/05/2006 un escrito de reclamo o Revocatoria para la reinstalación de Eugenio en su puesto de trabajo, con más posteriores ampliaciones de los días 8/05/2006, 10/05/06 y 16/05/2006 respectivamente, interponiendo en estas dos últimas sendos Pronto Despacho.- Cabe destacar que dicha Revocatoria tramita bajo Expte. Nº 5828-128-1853/06, pero hasta la fecha respecto del mismo no se ha expedido ni el Consejo Escolar de San Nicolás ni su Superior Jerárquico, la Dirección de Consejos Escolares.-

III. En el escrito de ampliación del 10/05/2006 entre otras cosas, se le recordó a la Prof. MIRTA VAZQUEZ, que con fecha 03/05/2006 en oportunidad de conversar con ella sobre este caso, nos había hecho saber que de las suplencias de Porteros a cubrir, ya se habían otorgado para su cobertura a 17 aspirantes del Listado General, por lo cual sólo restaban cubrir de ese mismo listado sólo 7 suplencias más, para llegar a cubrir la vacante número 25 de las mismas con uno de los aspirantes que integran el denominado Listado “D” como establece la normativa vigente, en función de cumplimentar la obligación de poseer Personal Discapacitado en el orden del 4 % del total de su plantel como lo establece el art. 8 de la Ley 10.592.- Pero muy por el contrario, no obstante que con fecha 5/5/2006 se cubrieron 4 suplencias más y el 8/05/2006 se cubrió 1 más con gente de ese mismo listado, en fecha 10/05/2006 se cubrieron 5 suplencias mas con gente de ese Listado General, lo cual evidenció que se habían cubierto más de 27 suplencias con aspirantes de ese Listado General y por tanto se había omitido ilegítimamente cubrir la vacante 25, con un integrante del Listado “D” al que Eugenio está adscrito y le correspondía le fuese otorgada, por ser el integrante de mayor puntaje dentro del mismo. Con lo que se violó así el cupo del 4% que establece la norma en vigor, Acto público ese en el que se consumó tal violación, que por tanto a través de ese mismo escrito impugné por no ajustarse a derecho e implicar además un evidente ocultamiento de cargos en desmedro de los integrantes del Listado “D”, pero todo continuó igual.- Más aún después de esto tuvo lugar otro Acto Público en el cual esas “vacantes ocultas” no aparecieron en ofrecimiento y tan sólo se exhibió una vacante de corta duración de sólo 10 días a cumplir en la Escuela Nº 6, la que si fue otorgada a Eugenio por ser el suplente de mayor puntaje. Y luego recién en el próximo Acto Público aparecieron en exhibición y oferta las demás vacantes de mayor duración, a las cuales Eugenio no pudo acceder por haber ya elegido con anterioridad la única suplencia de corta duración que le ofertaron en el Acto Público anterior, siendo que por entonces ya existían las otras que fueron ocultadas. Con lo cual quedó más patente la consumación de tal ilícita maniobra y la falta de verdad existente respecto que “los discapacitados no podían tomar más suplencias por carecer del Certificado antes señalado”, ya que pese a tal premisa, Eugenio cubrió nuevamente otra suplencia.- Cabe destacar que de todo lo presentado al Consejo Escolar en reclamo de Eugenio, la única respuesta que obtuve del mismo fue la de fecha 17/05/2006, tan sólo para comunicarme que mi Revocatoria de fecha 04/05/2006 con más sus ampliaciones y Pronto Despacho posteriores, habían sido elevadas al Área Legales de la Dirección de Consejos Escolares en busca de asesoramiento, por no contar con el mismo en este Distrito San Nicolás, lo cual por cierto se yergue como una chicana más de tipo procesal de parte de ese organismo.-

IV. Además cabe destacar que Eugenio se encuentra inscripto ante el MINISTERIO DE TRABAJO DE LA PCIA. DE BS..AS. delegación San Nicolás bajo el Nº 063 desde el 05/04/2006 en el REGISTRO DE COLOCACIÓN SELECTIVA (SECLAS) PARA PERSONAS DISCAPACITADAS y reuniendo los requisitos de la Ley 10.592 aplicable en este caso, tal como reza en una constancia que le fue entregada por el propio SECLAS. Lo cual por cierto denota que la Autoridad de Aplicación (Ministerio de Trabajo de la Pcia. de Bs. As.) no ignora que siendo una obligación de su incumbencia cumplimentar todo lo que propenda a la protección y colocación laboral del discapacitado a través del SECLAS, no obstante no le ha tramitado aún por propia mora el citado CERTIFICADO DE APTITUD PSICOFÍSICA que ahora el Consejo pretende reclamarle a Eugenio y a los demás discapacitados como elemento “excluyente” de su derecho a cubrir vacantes y trabajar dignamente, siendo que además Eugenio estuvo trabajando durante casi 7 meses sin reclamo alguno al respecto.- Fue así que estimé oportuno asesorarme con la responsable de dicho registro y en consecuencia presenté ante ese Ministerio a la encargada del SECLAS con fecha 04/05/2006, otro escrito de muy similar contenido, pero su respuesta proveniente de La Plata bajo firma de la Dra. Silvia Gil Navarro, lamentablemente y muy por el contrario no acercó luz al tema de marras.- Más aún con una respuesta totalmente abstracta y sin fundamento sólido aparente, sentenció sobre una tema que ni siquiera comprende en profundidad, y que tampoco precisó cuando ese Ministerio, como autoridad competente de aplicación, comenzaría a extender los Certificados de Aptitud Psicofísica, que como ya expresé implican aparentemente un elemento vital para destrabar este conflicto, conforme el criterio impropio sustentado por el Consejo Escolar, tema sobre el cual este último por su parte sostuvo haberlo ya coordinado o conversado con dicho Ministerio de Trabajo. Razón por la cual ante esta palpable inoperancia de dicho Organismo de trabajo en tal sentido, mediante la CD Nº 748452848 AR Eugenio procedió a intimarle al SECLAS y al mismo Ministerio para que a la brevedad procediesen a citarlo con el fin de tramitar tal Certificado y en su caso interviniese para neutralizar la intransigencia injustificada y falaz del Consejo Escolar, pero lejos de proceder a ello, mediante la CD Nº 437747865 AR la aludida Dra. Gil Navarro respondió con términos un tanto contumeliosos un sin fin de nuevas inexactitudes meramente dilatorias que para nada aportaron solución al problema. Así con mucha temeridad y osadía sostuvo que no era imperativo de su incumbencia procurar la extensión del Certificado de Aptitud Psicofísica en cuestión para asegurar la colocación del interesado, siendo que expresamente de tal modo lo establece como un deber la Ley 10.592 en su art. 12º. Para terminar afirmando de forma palmariamente mendaz, que le notificaba a Eugenio que “... luego de haberse adoptado todos los pasos procedimentalmente obligatorios, ha sido evaluado negativamente para el puesto requerido”. Lo cual además de una falta de verdad, trasluce una real contradicción con sus propios dichos. Por lo que queda más patente aún el grado de escasa mesura, objetividad y probidad que como funcionaria pública se verifica en el desdeñable comportamiento de esta persona, supuesta encargada de la defensa de los intereses laborales de los discapacitados.-

V. Asimismo con fecha 05/05/2006 cursamos nota de todo lo acontecido al DPTO. MUNICIPAL DE ATENCIÓN A PERSONAS CON CALIDADES DIFERENCIADAS solicitándole su opinión respecto del cese y desplazamiento de su puesto de trabajo de Eugenio bajo los escasos e inconsistentes argumentos esgrimidos por el Consejo Escolar que dispuso y/o avaló tal medida, para que en su caso emitiese su punto de vista al respecto e intercediese en lo posible ante los organismos antes señalados para evitar la consumación del atropello moral y jurídico del que Eugenio era víctima y así procurase su reinstalación en el puesto de portero que le había sido arrebatado.- Pero lamentablemente hasta la fecha, pese a cierta nota que cursó al Consejo Escolar, la participación de este organismo ha resultado escasa y para nada exitosa.-

VI. Pero a mayor abundamiento sobre este tema, debo destacar que el día 14/06/2006 en un Acto Publico efectuado en la sede del Consejo Escolar del Distrito San Nicolás, en el cual se asignarían las suplencias vacantes de los Auxiliares Porteros.- Existiendo entonces 6 suplencias vacantes a cubrir, de las cuales al menos 5 de ellas eran por largo tiempo, estando allí presente mi hijo Eugenio (acompañado por mi otro hijo Lautaro y el que suscribe en apoyo intelectual del mismo), y siendo que él como aspirante era quien contaba con el mayor puntaje para cubrir las mismas y poder por tanto elegir entre ellas, ya que esa era además la vacante 25 que por ley indefectiblemente debía ser cubierta por discapacitados del Listado “D”, ya que con anterioridad se habían cubierto 24 suplencias con aspirantes del Listado común o General (esto en función de respetar así el cupo del 4 % del total de vacantes y personal de los entes públicos provinciales que la ley 10.592 exige debe cubrirse con discapacitados), por el contrario las personas del Consejo a cargo de dicho Acto Publico, le comunicaron a Eugenio que sólo podía aspirar a cubrir una vacante predispuesta (de apenas 2 meses de duración, cuando las otras eran de 5 o más meses) de las 6 en exhibición ofertadas, y que era la del "Jardín Nº 910", ya que en su calidad de "Discapacitado" inscripto en el Listado "D" no podía aspirar a las otras, y porque esa (la del Jardín Nº 910) era la que había reservado el Consejo Escolar para el aspirante del Listado “D”, que era Eugenio.- Ante lo cual yo asistente a ese Acto Público y como Abogado patrocinante de mi hijo Eugenio, reclamé contra esa irregular conducta arbitraria y discriminatoria sosteniendo que impugnaba el mismo y que quería que ello constara en el acta respectiva, lo cual me valió palabras agraviantes de parte quienes dirigían dicho acto y demás asistentes.- Pero además no sólo que las autoridades del Consejo permitieron tal acto de bochorno, sino que no dieron marcha atrás en su comportamiento, pese a reunirse en lugar aparte por la impugnación por mi expresada, sino que luego de un breve paréntesis, continuaron adelante con el Acto Público asignando las 6 suplencias ofertadas a integrantes del Listado General y omitiendo así su obligación respecto de los integrantes del Listado “D”, en un claro acto de represalia contra mi objeción y en desmedro de mi hijo y demás discapacitados, lo cual por cierto no condice con la debida objetividad con la que deben desempeñarse los “funcionarios públicos” en cumplimiento de sus funciones, lo cual además implica un total “abuso de autoridad”, conducta expresamente penada por el Art. 248 del Código Penal. Por la que por tanto y añadidura se terminó privando a mi hijo ocupar inclusive la propia vacante que ellos mismos dijeron haberle “reservado”, sosteniendo para eso que él la había rechazado al no estar de acuerdo con tal decisión del Consejo, (cuando ello no fue así, ya que a lo sumo fui yo quien reclamó respecto de la imposición de sólo poder tomar la suplencia del Jardín Nº 910, sin aspirar a elegir cubrir las restantes).- Además en cuanto a esto, el Consejo en el ACTA Nº 60/06 expresó que por no contar con el denominado CERTIFICADO DE APTITUD PSICOFÍSICA, no le podían otorgar tampoco las otras suplencias vacantes, ya que no se volvería a llamar más suplentes del Listado “D”.- Lo cual deviene en un absurdo total, amén de equivaler a un atropello que contraría la normativa vigente, y aún termina rayando en el “abuso de autoridad” antes citado.- Más cuando el otorgamiento y/o la demora en contar con dicho Certificado, es sólo resorte, mora e imposición de la Administración que debe extenderlo y no precisamente del agente que no puede gestionarlo per se, y que por tanto no puede resultar perjudicado en sus derechos por una inacción administrativa que no se lo otorga.- Más aún cuando dicho Certificado regularmente en todo el ámbito de la Administración de la Pcia. de Bs.As. es exigido al momento del nombramiento de los agentes como titulares, pero no para desempeñarse en meros reemplazos.- A todo esto cabe destacar que el ACTA Nº 6/06 obrante en los folios 128/131 del Libro de Actas respectivo, luego de haberse cerrado la redacción del texto de la misma y haberla firmado el que suscribe, mi hijo Eugenio y los miembros del Consejo y asociaciones sindicales, extemporáneamente se le hizo y a espaldas de nosotros, un agregado que no condice con la buena fe y veracidad que debe obrar en un acta de tal naturaleza. Más aún cuando mediante dicho agregado, tan sólo se trató de enlodar la legítima defensa de derechos de mi hijo Eugenio que ejercimos mi hijo Lautaro y el que suscribe fundamentalmente. Cuando peticionar a la autoridad, implica una garantía de raigambre constitucional insoslayable de todo ciudadano y más aún en un “Acto Público”, y en mi caso en particular actuando como Letrado Patrocinante, ya que ello no sólo constituye un derecho, sino también una obligación que la ley 5.177 me confiere y exige ejercer en defensa de los intereses de mis patrocinados. Con lo cual así quedó configurada y patente una vez más la ignominiosa discriminación de la que viene siendo objeto mi hijo como los demás aspirantes discapacitados y que reafirma aún más la veracidad de la situación narrada en los escritos presentados en reclamo de Eugenio y en procura de una digna y calificada intervención superior que hasta la fecha no he logrado.-

VII. Pero este cúmulo de desaciertos de parte del Consejo Escolar no termina allí, puesto que con fecha 21/06/2006 en un nuevo Acto Público celebrado en su sede, me presenté yo como padre autorizado por mi hijo Eugenio y Letrado Patrocinante del mismo a tomar el cargo que se le pudiese asignar ese día.- Pero por el contrario se me comunicó que mi hijo Eugenio no podía participar de ese Acto Público ya que no llamarían más gente del listado “D”, y que en consecuencia no le otorgarían ninguna suplencia, puesto que los integrantes de ese listado, no poseían el mentado “CERTIFICADO DE APTITUD PSICOFÍSICA”. Lo cual vigoriza una vez más y pone de total relieve la idea de que el Consejo con tal proceder, estaría sin dudas discriminando a mi hijo, como al resto de los aspirantes a cubrir vacantes como Auxiliares Porteros suplentes del Listado “D” (discapacitados).- Ya que si bien es real que los aspirantes de ese “listado” no poseen dicho Certificado, no es menos cierto que en la actualidad ningún aspirante a Auxiliar Portero Suplente lo posee, ni siquiera los que integran el denominado “Listado General” (o Común), no obstante que éstos últimos son a quienes el Consejo ha decidido asignarle la totalidad de las suplencias existentes a cubrir. Cabiendo al respecto tener presente que la ley 10.430 - ESTATUTO Y ESCALAFÓN PARA EL PERSONAL DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA, en su Art. 2º: Admisibilidad, señala entre otros, como requisito para el ingreso a la Administración Publica de la Pcia. de Bs. As.(cabe destacar que esta exigencia es para todo agente y no sólo para “discapacitados”), en su Inciso e) “Acreditar buena salud y aptitud psicofísica adecuada al cargo, ...”. Y precisamente en el caso de marras, acontece que ningún aspirante a cubrir suplencias como “Auxiliar Portero” posee dicha acreditación que se traduce en el “certificado” referido.- Pero que a contrario sensu el mismo sólo es exigido a los aspirantes integrantes del Listado”D”. Lo cual por cierto como antes señalé, implica una gravosa inequidad netamente discriminatoria, que no puede tolerarse tenga lugar de parte y en el ámbito de una repartición estatal como es el Consejo Escolar.-

VIII. Pero respecto de este particular Acto Público del 21/06/2006 celebrado en el Consejo, por el cual tanto mi hijo Eugenio como los demás aspirantes del Listado “D” quedaron excluidos ilegítima e injustamente de su derecho al trabajo y dignidad como persona, no se puede dejar de puntualizar el atropello que soporté entonces tan solo por defender los derechos de mi hijo a quien representaba y patrocinaba tal como consta en Acta que hice labrar al efecto por la Escribana Mónica Necchi del Registro Nº 10, si bien de ello resultaron responsables todos los integrantes de la denominada Comisión de Recursos Humanos, la mayor intemperancia y agresión verbal hacia mí de neto corte “patoteril” provino de la Sra. Elba Quiroz la cual secundada por el Sr. Roberto Allodi ambos representantes gremiales de UPCN, me increparon por mi intervención en dicho acto.- Al extremo que la Sra. Quiroz previo a proferir una serie de improperios sin fundamento alguno y en clara actitud de agitar a los presentes en mi contra, tal como lo haría un “barrabrava” con su hinchada en una cancha, me interrogó (Sic) “¿Y por qué Ud. no lo pone a trabajar a su hijo en su empresa?”. Cuando en realidad, no venía a colación semejante pregunta como respuesta a mis interrogantes.- En principio por que yo no poseo empresa alguna, pero además por que de existir la misma, sin dudas tal decisión pertenece al terreno de mi exclusiva privacidad, la que así fue abruptamente vulnerada por la misma. Quien por último además se permitió de manera descortés ordenarme me retirase del lugar. Dejando traslucir así su falta total de idoneidad para el cargo que exhibe como agente estatal y como representante gremial de UPCN, ya que con tal osada e impropia actitud, lejos de defender los derechos supremos de sus “representados”, terminó conculcándoselos a través de un comportamiento ciertamente chabacano y ruin en franca apoyatura de decisiones totalmente adversas a los intereses de los mismos y sin siquiera articular una respuesta válida a mi requerimiento en defensa de los mismos como hubiese correspondido.- Por último no puedo dejar de señalar que en ese confuso episodio todo se tornó más grave aún, por cuanto los propios “Consejeros” –supuesta autoridad del organismo- fueron quienes permitieron semejante atropello verbal sin poner coto alguno al mismo. Más aún, creo que lo consintieron casi alentándolo, por lo que quedaron así bastante confundidas y desdibujadas las personas que supuestamente portaban el rango de “autoridad” en dicho público lugar.-

IX. Pero este burdo comportamiento no nos puede llamar demasiado la atención de parte del Consejo Escolar de San Nicolás, puesto que no hace muchos días atrás, en ocasión de poner en conocimiento de todo lo acontecido sobre este tema, al Sr. (Ex) Director de Consejos Escolares OSVALDO LOPEZ REY, el mismo me manifestó que en cierto modo era compresible lo que acontecía en el Consejo de San Nicolás, y que era muy poco lo que él podía hacer al respecto, pese a ser el superior jerárquico del mismo, ya que en cierto modo se justificaba su actitud, porque con la Ley 10.592, RÉGIMEN JURÍDICO BÁSICO E INTEGRAL DE LAS PERSONAS DISCAPACITADAS (que como se sabe entre otros, su art. 1º establece que la misma está apuntada a brindar a los discapacitados "...los beneficios y estímulos que permitan neutralizar su discapacidad procurando eliminar las desventajas que impidan una adecuada integración familiar, social, cultural, económica, educacional y laboral"), ...se le había tirado encima a la Administración un problema casi insoluble.- Lo cual suena espantoso de parte de un funcionario público de ese rango, además de una falta total de tacto para encarar dicho problema, máxime cuando alguien se acerca en procura de una solución o al menos de una orientación.- Respuesta que además no tiene ningún sustento lógico ni legal, ya que así se estaría contrariando el espíritu protector de la ley 10.592 que protege en la Provincia al “discapacitado”, fundamentalmente en su art. 8 como a la propia Constitución Provincial que le da amparo en su art. 36 inc. 5 y a la Const. Nacional que la prevé en el art. 75 inc. 23 primer párr.. Así como a la opinión que recientemente ha sustentado en igual sentido la Suprema Corte de Justicia Provincial en fallo del 05/04/2006 “R.L.N c/ Provincia de Buenos Aires (Ministerio de la Producción) Demanda Contenciosa Administrativa”, Causa B.62599.- Con lo cual por el contrario el Consejo ha terminado dando cauce a la discriminación de trabajadores discapacitados.-

X. Últimamente con fecha 27/06/2006 y a raíz de lo acontecido en los Actos Públicos del 14/06/2006 y 21/06/2006 he presentado ante el Consejo Escolar de San Nicolás un nuevo Recurso de Revocatoria y Jerárquico en subsidio para impugnar por ilegitimidad y evidente abuso de autoridad discriminatorio tales Actos y las designaciones asignadas en los mismos.- Cabe destacar que dicha Revocatoria tramita bajo Expte. Nº 5828-131-2461/06 que actualmente se encuentra en el área de Legales de la Direcc. de Consejos Escolares y sin que a la fecha ni el Consejo Escolar de San Nicolás ni su superior jerárquico Dirección de Consejos escolares se hayan pronunciado al respecto, más cuando ello es un apéndice de otro tema similar interpuesto mediante otra Revocatoria con fecha 04/05/2006 que viene de arrastre sin resolución desde hace más de 60 días atrás y que por su parte tramita bajo Expte. Nº 5828-128-1853/06 y por lo cual mientras tanto los interesados afectados a ello continúan impedidos de ejercer su derecho al trabajo, pese a la protección que la ley 10.592 les confiere y no obstante los endebles argumentos esgrimidos por los responsables que no lo permiten.-

XI. En otro orden también me puse en tratativas de solicitarle a la Prof. MARY SÁNCHEZ, Directora de Política Socio-Educativa de la DIRECCIÓN GENERAL DE CULTURA Y EDUCACIÓN DE LA PCIA. DE BS. AS. (dada la relevancia excluyente que se le asigna al mencionado certificado de Aptitud Psicofísica antes mencionado), para que interponga sus buenos oficios a efectos que el mismo le sea tramitado y extendido a la brevedad a mi hijo Eugenio, como a los demás discapacitados que junto a él integran el denominado Listado “D”, como una manera de neutralizar futuras discriminaciones como la soportada en el presente. La cual además de dejarlo fuera del mercado laboral, en su fuero interior sin dudas le ha inflingido una penosa sensación de ineptitud y un amargo sabor de derrota enancados en una caprichosa injusticia producto de una irreflexiva e incorrecta actitud de neto corte discriminatorio que contraría a todas luces la normativa vigente de protección a los discapacitados, pero esta gestión ha resultado infructuosa.-

XII. Asimismo algo similar he procurado también ante los Consejeros Generales de Cultura y Educación que representan a San Nicolás como son la Prof. Cristina Montenegro y el Prof. Dr. Carlos A. Cebey, habiendo obtenido a la fecha sólo respuesta de éste último traducida en el anoticiamiento del estado de avance y ubicación de los expedientes tramitados, sobre los cuales a la fecha no he logrado respuesta válida alguna.-

XIII. Con fecha 24/07/2006 Eugenio envió al Consejo Escolar un Telegrama Laboral Ley Nº 23.789, mediante el cual le recriminó el haber dejado desactivado el Listado “D” que integra, ya que ello le significaba quedar sin la posibilidad de cubrir nuevas suplencias y por tanto lo intimó para que repusiese al mismo llamando a sus integrantes para cubrir suplencias.- Pero en respuesta de ello, mediante nota Nº 228/06 del 27/07/2006 del Consejo Escolar, éste sostuvo que la Comisión de Recursos Humanos no designaría más aspirantes del Registro “D” hasta tanto sus integrantes no tuviesen la Aptitud Psicofísica correspondiente, conforme lo autorizado por el Sr. Piazza.- Respuesta ésta que por su parte fue rechazada por Eugenio a través del escrito de fecha 04/08/2006, destacando la falacia respecto de la autorización del Sr. Piazza esgrimida por dicho Consejo. Intimándolo además a poner en acción todos los mecanismos que fuesen necesarios para citar a los integrantes del listado “D” para la tramitación del Certificado de Aptitud Psico-física que el mismo impone como condición para dicho llamado.-

XIV. Posteriormente con fecha 31/08/2006, y a consecuencia del silencio del Consejo respecto de los reclamos presentados, Eugenio elevó un nuevo Pronto Despacho ante la Dirección de Consejos Escolares de la La Plata en procura de obtener la demorada resolución de los Recursos de Revocatoria del 04/05/2006 y del 27/07/2006, sin obtener resultado positivo hasta la fecha.-

XV. Con fecha 20/09/2006 interpuse por ante el Juzgado de 1º instancia en lo Civil y Comercial Nº 5 de San Nicolás “Amparo por Mora” contra el Consejo Escolar de San Nicolás, por no haberse dignado a la fecha a contestar mis presentaciones deduciendo varias Revocatorias y Ponto Despacho, pero de forma muy extraña y poco inteligente el Juez interviniente estimó que dicho Amparo debía ser rechazado, por cuanto no era al Consejo Escolar de San Nicolás a quien se debía demandar, sino a la Dirección de Consejos Escolares, por cierto un verdadero exabrupto, ya que el Consejo Escolar de San Nicolás actúa en sus funciones como un “organismo desconcentrado” de dicha Dirección conforme el art. 203 de la Const. Pcial. e inclusive con bastantes facultades discrecionales. A punto tal, como ha quedado demostrado, que por propia cuenta se permitió dejar de lado el Listado “D” previsto para personas con calidades diferentes y privando a sus integrantes de poder acceder a cubrir suplencias de Auxiliares (Porteros). Más aún es el organismo que llama a inscripción, el que asigna puntaje y celebra Actos Públicos para otorgar las suplencias. Y en el caso particular de Eugenio, es el mismo ente que se permitió no revelar hasta que se lo intimó para ello, que pese a no contestar mis escritos de reclamo en favor de mi hijo, bajo cuerda ya con fecha 12/05/2006 había procedido a solicitar al SECLAS del Ministerio de Trabajo de la Pcia. de Buenos Aires, a la sazón supuesto órgano encargado de la colocación de Personas con Calidades Diferentes por disposición de la ley 10.592 (función ésta que por cierto no cumple en absoluto, ya que se presta al Consejo para urdir junto al mismo, una maniobra totalmente violatoria de la ley citada y claramente discriminatoria), que le efectuase a Eugenio una evaluación a través de una mera “Terapista Ocupacional”, en lugar de la Certificación de Aptitud Psicofísica exigida por dicho Consejo como traba para no otorgarle suplencias, profesional la interviniente, CLAUDIA SPIDALIERI, por cierto científicamente inidónea para ello, ya que sólo un equipo técnico que cuente como mínimo con un Médico Psiquiatra podría otorgarla en este caso, resultando además incompetente, puesto que el órgano encargado de semejante certificación, (para más, sólo exigible a la hora de nombrarse a un agente provincial que va a ser incorporado como titular, conforme la ley 10.430), es precisamente la Dirección de Medicina Ocupacional de la Pcia. de Bs. As. y no el SECLAS del Ministerio de Trabajo. Con lo cual tal actitud asumida por éste, deja totalmente desdibujada y opaca su verdadera función de protección de los intereses de los discapacitados. Y a la vez agrava aún más el grado de responsabilidad que como abuso de autoridad e incumplimiento de los deberes de funcionario público y mentor de todo ese proceso le cabe al Consejo Escolar de San Nicolás. Conducta que sin dudas, por su parte hecha por tierra el objetivo final que conlleva la ley 10.592 y da origen al SECLAS, como Régimen Básico de Protección al Discapacitado, tornando sus alcances en otra mera mentira ilusoria más de tipo legal.-

XVI. Ante el rechazo de dicho amparo por mora, deduje “Recurso de Reposición” por ante el mismo Juez interviniente, y por contrario imperio éste hizo lugar al mismo, por lo que ordenó se librara nuevo oficio al Consejo Escolar de San Nicolás y al Area Legales de la Dirección de Consejos Escolares para que en el termino de 20 días hábiles procediesen a contestar (proveer) todos los interrogantes planteados a través de las Revocatorias y Pronto Despacho deducidos y sobre los cuales hasta la fecha mantuvieron absoluto y sepulcral silencio. Resultado de todo esto, que no obstante no está asegurado el éxito, y que en el mejor de los casos a lo sumo puede lograr la reinstalación de Eugenio en su puesto, y dejar expedita la vía para reclamar Daños y Perjuicios por todos los agravios pecuniarios y morales sufridos.-

XVII. Pero no obstante lo que a la postre es de lamentar, que todo este proceso es un atropello más de la burocracia administrativa estatal de la Provincia de Buenos Aires, que para peor se suscita en áreas de la sagrada educación a manera de un palpable contubernio político-sindical. Y en este particular caso Eugenio puede ejercer su defensa contra el mismo porque tiene quien le pueda solventar los gastos que ello implica, pobre de aquellos que no poseen una oportunidad similar, infectiblemente están destinados a sucumbir bajo las garras de ciertos inmorales agentes del Estado.-

Dr. Roberto Luis Pellegrini -apaprl@hotmail.com-
Abogado Patrocinante de
Eugenio C. Pellegrini
Tº VIII Fº 87 C.A.S.N.