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 Pacto Educativo II: Críticas del Diputado Alfredo Bravo  

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Diario Clarín, Viernes 14 de julio de 2000

TRIBUNA ABIERTA
Más recetas neoliberales para la educación

 

La propuesta oficial que reemplazaría al Pacto Federal Educativo menemista acaba con una escuela basada en la igualdad y el financiamiento estatal

ALFREDO BRAVO. Diputado de la Nación (Alianza).

Como formulador de recetas neoliberales, Milton Friedman recomienda privatizar la educación y reducir la tarea del Estado al control pedagógico que, para él, inevitablemente debe seguir realizando.

Aunque el neoliberalismo local no se anima a implantar de golpe la propuesta de Friedman, comenzó a dar pasos en esa dirección. Así surge de los documentos que el ministro de Educación Juan Llach distribuyó entre las autoridades provinciales como base para la discusión del Pacto Federal Educativo que reemplazara al que en su momento impuso el menemismo y que feneció en diciembre último.

En lo sustancial, la propuesta de Llach acaba con la actual organización de la educación básica sustentada en un Estado que financia la tarea educativa e impone desde los niveles nacionales y provinciales políticas que llegan a las escuelas a través de entes intermedios: consejos escolares, supervisiones escolares, etcétera. Para ello, el ministro plantea siete ejes que diseñan un nuevo tipo de organización educativa.



Ejes de un cambio

Cuatro de esos ejes resultan fundamentales: son los referidos a la profesión docente, a la equidad, a las reformas institucionales y al financiamiento educativo. Veamos sus implicancias.

a) Para la profesión docente, el Pacto auspicia medidas tendientes a la desaparición de los actuales Estatutos que regulan la actividad de los educadores. El objetivo es múltiple y apunta a modificar la actual conducción más especializada en la administración de recursos humanos y financieros que en las cuestiones pedagógicas.

b) El concepto de equidad que Llach introduce en el Pacto viene a enterrar definitivamente la idea de igualdad que regía en la Educación Básica. Bajo esta apariencia, la equidad se lograría mediante el compromiso de las jurisdicciones de invertir en cada escuela la misma cantidad de recursos financieros por alumno. Por su parte, la Nación desarrollará una serie de programas destinados a escuelas cuyo alumnado tenga necesidades básicas insatisfechas, necesidades especiales o pertenezca a comunidades indígenas. Claro que como el Pacto no contempla alternativas serias para incrementar el presupuesto, este modo de discriminar se financiaría restando recursos a los demás alumnos de escuelas públicas, no necesariamente de sectores privilegiados. La equidad de Llach consiste en sacarles a los que tienen poco para compensar a quienes nada tienen.

c) Para lograr una Reforma Institucional, el Pacto propone transformaciones a realizarse en el Ministerio de Educación de la Nación y de sus similares provinciales y auspicia cambios en la organización escolar. En cuanto a las primeras, la medida más significativa consiste en que las administraciones centrales asignen directamente a los centros de enseñanza un porcentaje creciente de sus recursos económicos hasta llegar al 98% de ellos en el 2003. La consecuencia de esta asignación creciente de recursos a las escuelas será el desfinanciamiento de las administraciones centrales, encargadas —entre otras cosas— de diseñar, fijar e impulsar las políticas educativas y mantener la unidad del sistema educativo.

A este debilitamiento estatal corresponde un fortalecimiento de las escuelas, las que deberán capacitarse para desarrollar sus propios proyectos institucionales, gestionarse autónomamente y manejar sus crecientes presupuestos. El gerenciamiento escolar será supervisado por un consejo escolar integrado por el propio director del establecimiento, sus docentes, padres y representantes de la comunidad local; es de prever que estos últimos pertenezcan a corporaciones que, según su peso comunitario y su mayor entrenamiento en materia de negociaciones, terminen imponiendo criterios e intereses sectoriales.

Asimismo, el Pacto incluye mecanismos, para que las escuelas así organizadas se disputen a los alumnos a través de una competencia de marcado tono mercantil.

d) En materia de financiamiento, el Pacto propone un denominado Fondo Faustino Sarmiento que compromete a la Nación a desembolsar 7.420 millones de dólares en los próximos siete años, lo que significa un promedio anual de 1.060 millones de pesos. En rigor, fijar tal suma equivale a congelar la actualmente recortada inversión en educación básica que es de 974 millones de pesos, ya que la diferencia se cubriría con préstamos de organismos internacionales. Este congelamiento presupuestario se agrava por el hecho de destinar al Fondo Sarmiento los recursos del Fondo Nacional de Incentivo Docente creado para compensar los magros salarios de maestros y profesores y que dejarían de tener ese destino.

Es claro que Llach es el ministro que el gobierno de la Alianza designó para ocupar Educación. También lo es el hecho de que los ministros son las personas que el presidente designa para hacer efectiva su plataforma de gobierno. Tan claro como lo anterior es que nada de lo que postula Llach pertenece a la plataforma que la Alianza se comprometió a cumplir.

Quienes fuimos los constructores de la Alianza debemos ser hoy sus máximos defensores, pues no hay mejor defensor de una casa que aquel que la levantó con sus propias manos. Por eso y porque sigo creyendo en la responsabilidad educativa del Estado y en la escuela pública como institución que, a través de la educación básica, debe garantizar a todas las personas la igualdad de condiciones, anticipo mi oposición a este Pacto que auspicia Llach.